Levante, 15/12/2012, Jesús León |
El pasado día 9 se celebró el día internacional
contra la corrupción, sin que haya oído ni leído a ningún partido político
comentario alguno a la declaración del Colegio de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Comunitat Valenciana, reclamando volver a depender de la
Administración General del Estado, a fin de trabajar con más independencia en
las administraciones locales.
Su presidente reclama que el Gobierno mantenga la
reforma que había prometido el PP durante la campaña electoral, cuyo objetivo
es no depender disciplinariamente de los presidentes de las corporaciones
locales (ayuntamientos y diputaciones), puesto que «no tiene sentido que nos
pueda sancionar el alcalde porque es la misma persona a la que estamos
controlando». «El régimen disciplinario tiene que volver a la Administración
estatal», aseguraba Javier Biosca. Como tampoco tiene sentido que les pague el
sueldo el propio ayuntamiento al que están fiscalizando, añadía. Tiene
razón el presidente de este Colegio, pues resulta urgente acometer un eficaz control de
estas instituciones tan cercanas a la ciudadanía para regenerar la vida
pública. Si desde la base de la Administración pública se lleva a cabo un
riguroso control de la actividad administrativa de los políticos en el poder,
se habrá dado un ejemplo de buen hacer a las demás instituciones de mayor nivel
estatal. Si por el contrario, se mantiene la actual subordinación legal de
interventores, tesoreros y secretarios a los presidentes de las administraciones
municipales, esto es tanto como su neutralización, al menos parcial, lo que es
inadmisible. No es cierto que exista peligro de interferencia en la labor
política de los alcaldes y presidentes. Esto es una burda excusa. Su labor es
estrictamente técnica, no política. Y en caso contrario, para eso está el
régimen disciplinario de la Administración General del Estado. Tan
múltiple es la corrupción que padecemos, que es preferible dedicarse a enunciar
los instrumentos que deben servir para impedirla que describir, siquiera sea
someramente, los reiterados desaguisados de toda índole que salpican la
geografía española en general y la valenciana en particular.
¿Alguien puede entender que un interventor
sea pagado por el ayuntamiento al que debe fiscalizar, y que pueda ser
sancionado por el presidente del ayuntamiento o diputación en la que desarrolla
sus servicios y ejerce sus altas facultades? Si la intervención está para
controlar las finanzas de los municipios y resulta que actualmente es posible
designar libremente al funcionario que ha de controlar este aspecto esencial de
la administración, el nombramiento puede recaer y recae en un conocido o
incluso amigo del alcalde o del presidente de la diputación. Y si esto es así,
¿puede este funcionario llevar a cabo su labor con eficacia? La respuesta es
no. Debe ser absolutamente incompatible. Entonces, ¿por qué el ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, tan diligente él para aplicar amnistías
fiscales y recortar salarios y pensiones por doquier, es incapaz de cumplir lo
prometido a estos fiscalizadores cualificados de la administración local? Sería
una desazón más para la ciudadanía.
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