El Gobierno aprueba la reforma de la Administración local

El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy al informe del anteproyecto de la reforma de la Administración Local y ha remitido el texto al Consejo de Estado, como paso previo a su posterior envío a las Cortes Generales.

Prohibido crear empresas públicas

Otra de las novedades de la reforma es que quedará "prohibido" crear nuevas empresas públicas locales y que se terminarán ciertos "monopolios" municipales, como los relativos a mercados y lonjas. Se eliminarán, además, las "competencias impropias" municipales -"No se reducen", ha aclarado el ministro, que asegura que la reforma supone un "avance del municipalismo"-, es decir, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo, y se fijará un "coste estándar" de cada servicio público.

Las diputaciones, ha añadido el ministro, asumirán los servicios de municipios con menos de 20.000 habitantes "que no lleguen a la cobertura de esos estándares". Otra novedad es la profesionalización de los cargos directivos locales, "serán única y exclusivamente funcionarios", ha dicho el ministro. Los Presupuestos Generales del Estado fijarán una limitación en el salario de sus funcionarios.

Casi una quincena de alcaldes de capital de provincia cobran más que un secretario de Estado (67.055 euros al año), con el regidor de Barcelona, Xavier Trias, a la cabeza como el mejor remunerado con un sueldo anual de 109.939 euros.

Detrás de Trias aparecen en esta clasificación los alcaldes de Madrid, Ana Botella, con 94.703 euros, de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, con 91.812 euros, de Bilbao, Iñaki Azkuna, 96.399 euros menos el 7% equivalente a la paga de los funcionarios, y de Valladolid, Javier León de la Riva, con 88.000 euros. No obstante, la mayoría de los electos locales no cobran por su actividad, un porcentaje que algunos partidos políticos elevan hasta el 85%.

Los objetivos de esta reforma "de calado" son "clarificar competencias municipales, racionalizar la estructura de la administración local y la profesionalización en la función local, tanto la desempeñada a nivel político como a nivel administrativo", ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Con esta reforma se fijará la competencia exclusiva e íntegra de la sanidad, la educación y los servicios sociales en las comunidades autónomas para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales.