El gobierno de Llíria acusa de injurias a los funcionarios que cuestionan el pago de una factura

Los habilitados nacionales sostienen que el ayuntamiento no debe asumir una infografía que fue utilizada por el PP para promocionar su gestión.

LEVANTE. El Partido Popular ha solicitado al Ayuntamiento de Llíria que inicie las actuaciones pertinentes contra el secretario general, la vicesecretaria general, el interventor y la tesorera municipales por las presuntas calumnias e injurias vertidas en un informe firmado por los habilitados nacionales en el que concluyen que una infografía 3D para promocionar el Centro Multiusos de localidad no debe abonarla el consistorio, ya que fue utilizada por el equipo de gobierno del PP para promocionar su gestión, como recoge la sentencia en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Valencia condenó al ayuntamiento a pagar 6.368, 46 euros a la empresa que realizó el trabajo.

El informe de los habilitados nacionales afirma en sus conclusiones que el Ayuntamiento de Llíria "está obligado a ejecutar la sentencia de conformidad con lo regulado en el artículo 104 y 106 de la LJCA, procediendo al pago al demandante de la cuantía señalada en el fallo, por haber sido condenado a ello mediante sentencia firme". Los funcionarios no dicen que es el PP el que ha de hacerse cargo del pago del coste de la infografía ya que fue utilizada para loar su gestión en el consistorio, pero relatan que "tras el pago al demandante, se debe iniciar el procedimiento legalmente establecido al objeto de aclarar los hechos sucedidos, y resarcir al Ayuntamiento de Llíria, en su caso, del perjuicio soportado como consecuencia de la ejecución de la sentencia, por el causante de los mismos".

El PP montó en cólera al conocer el documento y presentó en el ayuntamiento un escrito firmado por el presidente del PP de Llíria, José Ricardo Escobedo, y la secretaria general Remedios Mazzolari, en el que cargan contra los habilitados nacionales cuando éstos afirman que "se estima que el Ayuntamiento de Llíria estará soportando una merma por dicho importe en el presupuesto general, que entendemos no tiene la obligación de soportar, por no ser quien ha utilizado y, por tanto, no se ha beneficiado de los trabajos realizados por el demandante...".

El PP considera que cuando los funcionarios piden que se resarza al ayuntamiento del perjuicio soportado "veladamente, en tanto que se está defendiendo las postura que el ayuntamiento no ha utilizado los trabajos objeto de la controversia y se está aseverando que dichos trabajos fueron utilizados por el Partido Popular, no hay lugar a duda que cuando los informantes están poniendo de manifiesto que se debe resarcir al ayuntamiento del perjuicio soportado como consecuencia de la ejecución y que dicho resarcimiento corresponde al causante o causantes de los mismos, se está insinuando que el Partido Popular es el presunto causante del perjuicio".

El PP va más lejos y afirma que algunas de las afirmaciones recogidas en el informe "no se corresponden con la realidad y pudieren ser constitutivas de un presunto delito o falta que atentarían presuntamente mediante calumnias e injurias al honor y a la imagen del Partido Popular, partido gobernante en el ayuntamiento" y que no puden consentir que trabajadores del consistorio que el PP "pudiera ir en contra de los intereses del ayuntamiento que gobierna".