Una sentencia considera que un acuerdo local de 35 horas prevalece sobre las medidas de Rajoy
LEVANTE. La magistrada sustituta del juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Valencia ha anulado "por ser contraria a derecho" la aplicación en el Ayuntamiento de Puçol del Real Decreto Ley con medidas urgentes aprobado en 2011 por el Gobierno de Mariano Rajoy que impone un calendario laboral de 37 horas y media semanales para los trabajadores municipales.
La juez ha estimado el recurso interpuesto contra la resolución de la alcaldía, en el que considera que la imposición de las 37 horas y media vulnera un acuerdo laboral anterior del propio ayuntamiento que establecía la jornada promedio de 35 horas semanales. Tras analizar el decreto con las medidas urgentes de Rajoy, la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la magistrada concluye que la jornada laboral de los funcionarios estatales en la administración local se aplicará siempre y cuando la corporación municipal "no hubiese fijado en su ámbito jornada laboral alguna", algo que Puçol sí hizo hace más de diez años cuando aprobó que sus empleados no trabajasen más de 35 horas a la semana.
La concejal de Personal, y alcaldesa en funciones, Paz Carceller anunció ayer a Levante-EMV que el consistorio interpondrá recurso de apelación contra esta sentencia, pues sostiene que lo que hizo en su día el equipo de gobierno local del PP-Pavalur fue cumplir con la obligación de aplicar el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, así como el artículo 94 de la LBRL en el que se establece que la jornada de trabajo de los funcionarios municipales será la misma que se aplique para los funcionarios de la administración civil de Estado. Carceller tachó de "sorprendente" la sentencia ya que otras decisiones judiciales sobre el mismo asunto han fallado todo lo contrario. "Se trata de una sentencia que no es conforme a lo que marca la ley", subrayó. Por ello, Carceller confía en que los tribunales acaben dando la razón al ejecutivo de Puçol, aunque mantiene, al igual que hizo en la mesa de negociación con los sindicatos, que si finalmente no es así el consistorio retribuirá a sus trabajadores las horas que habrían trabajado de más desde marzo de 2012 (alrededor de unas 100 por cada uno de los más de 150 empleados municipales, según fuentes sindicales). El gobierno local no ha calculado cuánto dinero se tendría que pagar ya que confía en que su recurso salga adelante.
La juez ha estimado el recurso interpuesto contra la resolución de la alcaldía, en el que considera que la imposición de las 37 horas y media vulnera un acuerdo laboral anterior del propio ayuntamiento que establecía la jornada promedio de 35 horas semanales. Tras analizar el decreto con las medidas urgentes de Rajoy, la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la magistrada concluye que la jornada laboral de los funcionarios estatales en la administración local se aplicará siempre y cuando la corporación municipal "no hubiese fijado en su ámbito jornada laboral alguna", algo que Puçol sí hizo hace más de diez años cuando aprobó que sus empleados no trabajasen más de 35 horas a la semana.
La concejal de Personal, y alcaldesa en funciones, Paz Carceller anunció ayer a Levante-EMV que el consistorio interpondrá recurso de apelación contra esta sentencia, pues sostiene que lo que hizo en su día el equipo de gobierno local del PP-Pavalur fue cumplir con la obligación de aplicar el Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, así como el artículo 94 de la LBRL en el que se establece que la jornada de trabajo de los funcionarios municipales será la misma que se aplique para los funcionarios de la administración civil de Estado. Carceller tachó de "sorprendente" la sentencia ya que otras decisiones judiciales sobre el mismo asunto han fallado todo lo contrario. "Se trata de una sentencia que no es conforme a lo que marca la ley", subrayó. Por ello, Carceller confía en que los tribunales acaben dando la razón al ejecutivo de Puçol, aunque mantiene, al igual que hizo en la mesa de negociación con los sindicatos, que si finalmente no es así el consistorio retribuirá a sus trabajadores las horas que habrían trabajado de más desde marzo de 2012 (alrededor de unas 100 por cada uno de los más de 150 empleados municipales, según fuentes sindicales). El gobierno local no ha calculado cuánto dinero se tendría que pagar ya que confía en que su recurso salga adelante.
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