INFORMACIÓN. Un agente de la Policía
Local de Mutxamel se declaró culpable ayer de un delito continuado de
falsificación de documento público al haber modificado en dos ocasiones bajas
médicas expedidas por la Agencia Valenciana de Salud de la Generalitat en 2010.
Las mismas fuentes
indicaron además que la juez de San Vicente que lleva adelante las denuncias
presentadas por presunto espionaje y "mobbing" tomó el lunes
declaración a un nuevo testigo, lo que elevaría a diez los agentes que
aparentemente sufrieron coacciones por el jefe de la Policía Local.
Tras llegar a un acuerdo
de conformidad en la sala de lo Penal número ocho de los Juzgados de Alicante,
la juez condenó al acusado a un año de servicios a la comunidad y a abonar una
multa de seis meses a razón de seis euros diarios más las costas judiciales, en
vez de los dos años de cárcel que había pedido la Fiscalía.
"Cometí un error,
pasaba por una época muy mala a nivel personal y me pilló por medio una guerra
interna". Estas fueron las palabras del acusado ayer, tras llegar al
acuerdo por el que se rebajó la petición de condena inicial de dos años de
prisión, así como una multa de diez meses a razón de seis euros por día.
El Ayuntamiento de
Mutxamel fue quien denunció a este agente al detectar irregularidades. Sin
embargo, el primer teniente de alcalde y concejal de Planteamiento y Obras
Públicas, José Antonio Bermejo, afirmó ayer que el Consistorio no hará
declaraciones hasta que se le comunique por escrito la resolución relativa a
este juicio.
El condenado quiso
enmarcar ayer su caso en la polémica que rodea a la Policía Local de Mutxamel.
En octubre de 2012 un agente formuló una denuncia por presunto espionaje contra
dos oficiales que finalmente fueron imputados. El miembro del cuerpo policial
que presentó la denuncia afirmó haber descubierto de forma casual que un agente
tenía en su poder supuestamente información robada de cinco compañeros,
documentación que se habría sustraído de "la nube", el disco duro
virtual donde la Policía Local almacena datos. A los dos imputados de este caso
-uno llegó a ser arrestado- se les acusa de un delito de descubrimiento y
revelación de secretos ya que habrían empleado una clave de administrador para
acceder a la información personal.
La denuncia de presunto
espionaje derivó a su vez en la apertura de una pieza separada del caso en la
que se imputa al jefe de la Policía Local, Felipe Manzano, por aparente
"mobbing". La juez de San Vicente del Raspeig que instruye la causa
ya ha tomado declaración a diez agentes municipales por este caso, que aseguran
haber sido víctimas de coacciones por parte del intendente jefe.
"El caso de este
compañero -el agente que fue condenado ayer por falsear documentos públicos- se
produjo dos años antes de la denuncia de espionaje, es decir, no está
directamente relacionado pero lo cierto es que ya en ese momento el ambiente en
el cuerpo -policial- era pésimo en lo que se refiere a las condiciones
laborales del personal", aseguraron ayer fuentes cercanas a los casos
citados anteriormente.
Hasta esta semana eran
ocho los policías personados en la causa y un compañero que reconoció haber
sufrido presuntamente acoso laboral pero rechazó denunciar los hechos. Se debe
recordar en este sentido que Manzano negó ante la juez las acusaciones de acoso
laboral de los agentes el pasado mes de abril.
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