EL PAIS. Hasta un 26% de los contratos de prestación de
servicios que mantiene la Generalitat invaden competencias propias de
funcionarios. Un informe de la inspección de servicios de mayo pasado así lo
refleja tras analizar una muestra de 39 expedientes. El análisis excluye las
encomiendas de gestión a Vaersa, empresa pública que dio pie en julio de
2012 a un primer documento del vice-interventor general de control
financiero de la Generalitat que reconoció explícitamente la existencia de este
tipo de problemas.
Se
trata del tercer informe interno de la Administración valenciana que detecta la
suplantación de tareas de funcionarios por personal contratado, a través de las
denominadas encomiendas de gestión o mediante el uso irregular de los contratos
de servicios. El hecho ha dado lugar, en algunos casos, a sentencias judiciales
que han establecido la existencia de una cesión ilegal de trabajadores para
ejercer actividades, como la redacción de dictámenes o la tramitación de
subvenciones, que exigen las garantías de objetividad que solo se atribuyen a
los funcionarios públicos. La propia Generalitat afirma tener conocimiento de
13 de esas sentencias.
Precisamente
la polémica generada con VAERSA dio pie a que el secretario
autonómico de Administración Pública, Pedro García Ribot, se comprometiera en
octubre pasado en las Cortes Valencianas a desarrollar un plan para examinar
los contratos.
En
ese plan se enmarca el informe de evaluación elaborado por la inspección de
servicios de la Generalitat, que se ha centrado en los 593 contratos mayores,
es decir, aquellos cuya cuantía superaba los 18.000 euros, y que existían a 31
de diciembre de 2012. Se trata de 523 contratos de servicios y de 70
encomiendas de gestión. Un total de 553 eran contratos con personas jurídicas y
40 con personas físicas.
La
misma inspección de servicios ya redactó en febrero un informe específico sobre
las encomiendas de gestión de la Consejería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente con Vaersa. Aquel documento dio pie a que el diputado de
Esquerra Unida Ignacio Blanco denunciara que el informe reconocía la
suplantación de personal pero rechazaba "la exigencia de responsabilidades
disciplinarias". Precisamente en base a ese informe, la Junta de Personal
de Servicios Centrales de la Generalitat, donde están representados los
sindicatos de la Función Pública, anunció el lunes que denunciará ante el
Tribunal de Cuentas las contrataciones supuestamente irregulares en el área de
Medio Ambiente.
Excluidas,
pues, las encomiendas de gestión, este tercer informe, fechado en mayo y que el
diputado socialista Rafael Rubio ha recibido tras una petición de información,
concluye que, de la muestra de 39 contratos seleccionados, "una gran
mayoría (29 contratos, es decir, el 74%) se refieren a servicios cuya
contratación se ajustaría plenamente a la ley de contratos". Y añade:
"En diez supuestos (26%) estaríamos ante contrataciones en las que cabría
oponer dudas sobre la idoneidad de su objeto pues, a juicio de esta Inspección,
afectan a actividades a desarrollar por funcionarios, tanto por su esencia como
por su continuidad en el tiempo".
"Aquí
se han confundido los papeles. En muchos casos no se han creado plazas de
funcionarios que hacían falta y se ha recurrido a empresas que han acabado
desarrollando actividades con potestades administrativas", comenta el
diputado Rubio. "El informe nos da la razón y ratifica las denuncias que
hemos estado haciendo de que el PP ha creado toda una Administración
paralela".
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