Archivan la denuncia por tráfico de influencias contra una edil de Llíria

Reme Mazzolari atribuye "a una persecución política" la acusación que llevó al fiscal a abrir las diligencias

LEVANTE. El titular del juzgado número de Llíria 5 ha archivado la causa abierta contra la concejala de Urbanismo de esta población, Reme Mazzolari, por los delitos de tráfico de influencias (recogido en el artículo 428 del Código Penal) y de negociaciones prohibidas para las autoridades (441 del CP). El magistrado cierra las diligencias en la fase de instrucción, sin ni siquiera abrir juicio oral, tras tomar declaración como imputada a Mazzolari y tras interrogar como testigos al secretario, al interventor general y a una auxiliar administrativa, los tres del consistorio edetano, y al exconcejal de Contratación, Ángel Civera. El auto absolutorio, con fecha del 17 de julio, determina que "no hay trascendencia penal" en la actuación de Mazzolari, en la adjudicación de dos contratos por parte del Ayuntamiento de Llíria a una firma en la que trabajaba su esposo como ingeniero. El juez decide "sobreseer las actuaciones" porque no ha habido "perpetración de infracción penal".

Además, subraya, que ha comprobado "que ni la concejala ni su marido tienen participación social en la mercantil adjudicataria" de los contratos. Por ende "no resulta acreditado que la imputada tuviera intención de beneficiar a la empresa empleadora de su marido" ya que tampoco participó "en las plicas ni en el proceso" de adjudicación de los dos contratos, uno para confeccionar el mapa acústico de Llíria en 2008 y otro para elaborar un estudio de control ambiental de las instalaciones donde posteriormente se construyó la planta de transferencia de residuos de Llíria.

El juez ya desestimó otra denuncia

Conviene destacar que el juez ya había desestimado, en otro auto anterior al mencionado, en septiembre de 2012, que Mazzolari en el ejercicio de su cargo, hubiera incurrido en otros delitos contra la administración pública como prevaricación y que se le imputaban en la misma denuncia.

La clave de la cuestión reside en que el esposo de la munícipe solo era un mero trabajador de la empresa que logró adjudicaciones, por valor de 60.000 euros. Además, la concejala no intervino directamente en el proceso de adjudicación, que aunque se falló sin publicidad, se dirimió mediante la invitación a otros dos mercantiles, cuyas ofertas fueron desestimadas por los técnicos y por los responsables políticos por ser menos favorables para el consistorio. Mazzolari, tras ser preguntada por el archivo de la causa, confirmó la existencia de este auto y atribuyó la denuncia ante la Fiscalía "a una persecución política iniciada contra mi persona hace años". Luego concluyó que no ha incurrido "en ninguna actuación ilegal".