LEVANTE. El Consell de Alberto Fabra tiene sobre
la mesa nuevas medidas legales para forzar a todos sus funcionarios a jubilarse
a los 65 años, de tal manera que los casos en los que se prorrogue el servicio
activo serán los mínimos y evitar recursos en los tribunales. La decisión,
según ha podido saber este diario, está tomada y probablemente se plasme a
través de la próxima ley de acompañamiento de los presupuestos de la
Generalitat para 2014. Con ello, la Conselleria de Hacienda y Administraciones
Públicas que dirige Juan Carlos Moragues busca ahondar en el ahorro en el
capítulo 1. Así, sólo en casos muy puntuales se permitirá que el personal de
las conselleries puedan seguir trabajando una vez cumplidos los 65 años. Su
plaza será amortizada y con ello la Generalitat rebajará el gasto en personal.
La medida ya se está aplicando para el personal médico y, si los planes del
Consell salen adelante, se extenderá al personal de la administración del
Consell. Los docentes, sujetos a una regulación distinta, están al margen de
esta iniciativa. La decisión ha sido comunicada de manera informal en algunos
foros sindicales, aunque el principal escollo es el legal. Cabe recordar que la
Conselleria de Sanidad se ha encontrado con obstáculos jurídicos a la hora de
implantar la jubilación forzosa al personal sanitario. De hecho, el pasado mes
de julio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decidió
suspender cautelarmente la disposición de la orden de la Conselleria de Sanidad
que regula la jubilación forzosa del personal sanitario.
Además, congeló la disposición del Plan de Ordenación de Recursos Humanos
que contemplaba esa medida y que precisamente se aprobó con el fin de superar
los escollos jurídicos que se les había planteado en el futuro. En concreto, la
decisión del alto tribunal impide a Sanidad forzar la jubilación de unos 600
sanitarios a los que les había concedido antes una prórroga laboral.
Los problemas legales también ha impedido al Consell que preside Alberto
Fabra aplicar en estos años al resto de funcionarios. De hecho, en julio de
2011 el entonces conseller de Hacienda, José Manuel Vela, presentó un plan de
ajuste en la plantilla de la Generalitat que incluía entre otras medidas las
relativas a la jubilación forzosa de los empleados públicos que han cumplido
los 65 años. Entonces Hacienda estimó que unos 250 funcionarios dejarían de
trabajar en la Administración por cumplirse los 65 años. Sin embargo, la medida
chocaba con las previsiones de la ley de la función pública valenciana que,
tras un procedimiento reglado, permite a aquellos empleados públicos que lo
soliciten seguir trabajando hasta los 70 años. De hecho, el conflicto no tardó
en trasladarse en las conselleries. Desde las subsecretarias de varios
departamentos se resistieron a tumbar las solicitudes de prórroga del servicio
para evitar denuncias en el contencioso administrativo. Meses después, el
Ejecutivo de Fabra incluyó la jubilación forzosa en el decreto ley de medidas
urgentes aprobadas en enero de 2012 dirigidas principalmente a los empleados
públicos. El decreto ley, cuya vigencia teóricamente finaliza el próximo mes de
enero de 2014, trató de dar mayor cobertura legal a los acuerdos en los que se
denegaba la prórroga.
Con todo, según fuentes sindicales todo este tiempo ha primado la prudencia
y el Consell no ha aplicado esta previsión. Ahora, sin embargo, se estaría
preparando un cambio en la ley de la función pública valenciana para garantizar
la solvencia jurídica de esta medida, máxime cuando todavía se desconoce si el
decreto ley de medidas urgentes será o no prorrogado en su totalidad.
La medida afecta sobre todo a personal de oficina o altos funcionarios, que
suelen solicitar la prórroga del servicio hasta los 70 años.
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