EL PAÍS. Una de las
decisiones más relevantes que tendrá que tomar el Ejecutivo en los Presupuestos
de 2014 es si congela el sueldo de los funcionarios por cuarto año consecutivo.
Desde que el Gobierno de Zapatero les rebajara el sueldo un 5% en 2010, los
empleados de la Administración Pública acumulan recortes en sus salarios que
les han hecho perder cerca de un 25% de poder adquisitivo si se incluye la
supresión de la paga extra de 2012. Los empleados públicos llevan sin ninguna
actualización salarial por el IPC desde 2010.
La partida destinada a pagar
el sueldo de los 560.000 funcionarios de la Administración central es la
segunda en importancia de los Presupuestos, con un coste de 33.000 millones.
Entre los sindicatos de funcionarios temen que el Gobierno vuelva a congelarles
la nómina el próximo año. La organización mayoritaria de empleados de la
Administración central, CSIF, ya ha expresado sus temores sobre una nueva
congelación y pide al Gobierno que no carge los recortes en este sector.
Fuentes gubernamentales aseguran que no hay nada decidido e incluso ven margen
para aplicar la subida del IPC, que estará cerca del 1,4% este año. De hacerlo,
el coste en salarios crecería en unos 3.000 millones. La economía de la
eurozona va mejor de lo previsto y no se descarta que en 2014 la actividad se
anime más de lo previsto.
Lo que sí está claro es que
se prorrogará la congelación de oferta pública. No habrá sustitución de los
funcionarios que se jubilen excepto para algunos cuerpos del Estado como los de
Seguridad, e Inspectores de Hacienda y la Seguridad Social, que se limita la
tasa de reposición al 10%. Esta medida también afectará a todas las
administraciones públicas, donde se han jubilado más de 30.000 funcionarios al
año desde 2011. El Gobierno ha estimado que supondrá un ahorro de unos 3.200
millones.
En el último año se han
perdido 220.000 puestos de trabajo en el sector público —375.000 en tres años—.
Cifra que seguirá creciendo puesto que el proyecto de reforma de la
administración incluye facilidades para despedir y ajustar plantillas. Los
empleados públicos ya han visto como ya les ha eliminado los días de libre
disposición, suprimido los moscosos y los canosos (por la antigüedad). También
les han recortado las condiciones económicas de la incapacidad temporal.
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