La
plantilla de la
Generalitat evidencia la existencia de puestos con
retribuciones superiores a la media donde recalan funcionarios afines al
Consell
LEVANTE. La Relación de Puestos de
Trabajo (RPT) de la
Generalitat difundida el pasado martes evidencia las
maniobras del Gobierno popular para crear una red de funcionarios afines
mediante el diseño de plazas a medida que, en muchos casos, están sobrevaloradas
retributivamente. El personal «agraciado», bien ocupa diversos puestos de
jefatura, bien es coordinador-asesor, una figura creada en la etapa de
Francisco Camps, para incrementar el personal de confianza sin alterar el
número de asesores asignados a cada consellería.
La
plantilla oficial hecha pública por el Consell después de tres años constata no
sólo que la relación de estos asesores camuflados se ha consolidado y se ha
asumido por el Consell de Fabra, sino también los «privilegios» que, a
diferencia del resto, poseen los funcionarios que ocupan estas plazas. Tanto
estos casos como en otros, que sobre todo afectan a puestos de jefaturas, han
sido objeto de alegaciones sindicales, que ya han avisado al Consell en su
escrito que una cosa la «discrecionalidad» en la potestad autoorganizativa de la Generalitat y otra la
«arbitrariedad». El sindicato ha detectado números casos «sospechosos» y exige
a los responsables de Función Pública una rectificación.
El
trato de favor que, según el análisis sindical, se da a determinados
funcionarios ubicados en sitios clave en la estructura administrativa adopta
diversas formas y es difícil de detectar a simple vista, máxime ahora que la
actual RPT es muy diferente a las anteriores. En aplicación de la ley de la
función pública, los puestos incluyen el requisito de pertenencia a un cuerpo o
agrupación profesional, al tiempo que se incorporan las nuevas titulaciones del
modelo Bolonia y los de los ciclos formativos de formación profesional. Al río
revuelto de la nueva estructura de la función pública, el Consell ha encontrado
atajos para acercar y promocionar a determinados funcionarios en detrimento de
otros. De un lado, una amplia relación de puestos unos 80 son de libre
designación, de tal manera que los funcionarios son reclamados por el establishment
y colocados «a dedo», sin que otros puedan libremente optar mediante un
concurso. Las jefaturas de servicio, por ejemplo, cuyo requisito de acceso era
antes el concurso, ahora es de libre designación.
Con
este punto de partida, el Consell, además, ha flexibilizado el resto de
condiciones que debe tener un funcionario para poder acceder a los puestos más
sensibles o cercanos al poder. Así, por ejemplo, muchas de estas plazas son
grupos barrados, están abiertas a otras administraciones y es indiferente si el
funcionario en cuestión procede del sector de la administración general o de la
administración especial. El resultado es un puesto a la carta, en el que encaje
sin problemas el funcionario en cuestión que el alto cargo quiere tener a su
lado.
Así,
por ejemplo, un coordinador asesor o un jefe de servicio puede proceder, por
poner un ejemplo, de un ayuntamiento. Además, según ha detectado intersindical,
los puestos están sobrevalorados retributivamente, de tal modo, que se pasa por
alto la propia normativa del Consell donde se establece qué nivel de
complemento mínimo o máximo corresponde según el nivel de titulación. Y de
nuevo el ejemplo de coordinadores asesores o jefaturas con niveles retributivos
muy por encima de su titulación. El sindicato advierte de que, además del
agravio comparativo que supone para otros funcionarios, esta estructura
hipoteca el capítulo 1 pues si la «promoción» dura dos años, el funcionario
consolida su salario de por vida, aunque regrese a un puesto de menor categoría.
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