- Más de dos millones
y medio de funcionarios pasarán un examen anual de rendimiento
- Los resultados del
mismo determinarían el sueldo a cobrar, los posibles ascensos y, en casos
extremos, incluso la pérdida de la condición de funcionario.
- El examen no sólo
evaluaría las consecución de los objetivos marcados sino también la forma
de alcanzarlos y el comportamiento del trabajador.
En
solo tres años, los que van desde 2004 a 2007, Jordi Sevilla dejó marcada la hoja
de ruta de la
Administración del siglo XXI con tres iniciativas
legislativas de relevancia crítica: el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de Administración Electrónica y la creación de la
Agencia de Evaluación de Políticas Públicas.
Tres
leyes que definían tres ideas fuerza para la Administración Pública :
la evaluación de la eficacia de los programas de gasto público, la supresión de
trámites burocráticos y documentación en la relación entre la Administración y
los administrados y la configuración de un funcionariado competitivo y
eficiente.
Las
tres líneas quedaron pendientes de desarrollo porque Sevilla fue cesado como
ministro de Administraciones Públicas sin tener la oportunidad de acabar
siquiera la legislatura.
Cuando
se le pregunta cuál de esas iniciativa considera más necesario desarrollar no
duda: "El desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, la creación
de una función directiva fuerte y la evaluación del desempeño son
imprescindibles en el proceso de modernización de la Administración ".
Paradójicamente,
lo que sus compañeros de partido dejaron por hacer, seis años después de su
cese puede ser objeto de desarrollo por el Gobierno del Partido Popular, que ya
tiene sobre la mesa un informe de expertos para implantar el que sería el mayor
sistema de evaluación del desempeño puesto en marcha jamás en España.
El
sistema, que sería desarrollado en sus aspectos más básicos por un reglamento
estatal y luego tendría que detallarse en normativas autonómicas e incluso
locales, aspira a evaluar el rendimiento profesional de los más de 2,5 millones
de empleados públicos que hay según los últimos datos oficiales en España.
¿A
quién se examinará?
Según
el Comité de Expertos reunidos por Hacienda, deberían estar sometidos a la
evaluación del desempeño todos los empleados públicos españoles, con la única
excepción del personal eventual -los denominados cargos de confianza-.
Es
decir, deberían pasar esa examen anual sobre su rendimiento en el trabajo tanto
funcionarios como interinos como personal laboral. En total, en torno a 2,5
millones de trabajadores.
¿Qué
se tendrá en cuenta en la evaluación?
Este
es el asunto más complejo. Los expertos consultados por Hacienda abogan por una
doble línea de evaluación. Por un lado, se examinaría el rendimiento en el puesto de trabajo en función de los objetivos marcados para el
departamento, la unidad y el trabajador en sentido individual.
Para
estrechar el margen a la arbitrariedad, el informe recomienda que esos
objetivos sean concretos, medibles, orientados a resultados, con un horizonte
temporal definido, comprensibles, compartidos y "ambiciosos, pero
alcanzables".
Asimismo,
se prevé que los trabajadores puedan participar en el proceso de fijación de
objetivos, singularmente en los de su unidad y en los de cada trabajador con
carácter individual. Los objetivos estratégicos los fijarán los responsables de
cada departamento con sus superiores inmediatos.
Por
otra parte, se evaluaría igualmente la forma de hacer. Aquí entra tanto la
actitud del trabajador a la hora de cumplir con su tarea, como su proactividad
a la hora de plantear posibles mejoras en el funcionamiento de su unidad e
incluso su comportamiento: cooperación con compañeros, lealtad con la
organización, respeto a las reglas...
¿Qué
parte pesará más en la evaluación? Dependerá del puesto. Por ejemplo, es
posible que en los trabajos de atención al público la forma de hacer pese más
que la consecución de objetivos cuantitativos, del mismo modo que en los
ámbitos de gestión el peso de ambas líneas sea el contrario.
¿Cuales
serán los efectos de la evaluación?
La
evaluación del desempeño sería el elemento central de la nueva Administración
del siglo XXI. De su resultado dependería, por ejemplo, la retribución de todos
y cada uno de los funcionarios españoles.
Aumentaría
la parte variable del salario, de forma que dos funcionarios que están en el
mismo puesto podrían ganar cantidades bien diferentes en función de su
evaluación de rendimiento.
Este
asunto es clave para mejorar la productividad de los empleados públicos, ya que
a día de hoy persiste un esquema salarial tan inflexible que no existe
incentivo alguno para mejorar el rendimiento. Principalmente, porque trabajar
más y mejor no tiene ningún premio salarial.
El
resultado se tendría también en cuenta a la hora de promocionar a un
puesto mejor. Una evaluación positiva permitiría ascender de grado, categoría o
escalón sin necesidad de superar una oposición, el único modo de progresar en
la carrera administrativa en el esquema actual.
Con
carácter más general, los expertos en Función Pública convocados por el
Ministerio de Hacienda entienden que también mejoraría ladetección de lagunas
formativas entre el funcionariado y permitiría afinar más las necesidades
de formación del personal público.
En
casos extremos, el examen de evaluación permitiría el despido de funcionarios en caso de ser negativa de forma reiterada
y poner de manifiesto una actitud particularmente negativa hacia el trabajo.
¿Quién
llevará a cabo la evaluación?
El
informe entiende que "lo más aconsejable es que la evaluación de la
conducta profesional y el logro de resultados la efectúe el superior
jerárquico, ya que es quién debe conocer las tareas de cada puesto".
¿Cómo
evitar amiguismos o arbitrariedades? Responder a esta pregunta
aparece como crítico para garantizar una evaluación imparcial y objetiva, máxime
cuando de ella dependen las retribuciones y la carrera laboral del evaluado.
La
respuesta hay que buscarla en el procedimiento. Al inicio del ejercicio el
responsable de cada departamento fijará unos objetivos comunes a todo el
departamento y otros individuales para cada trabajador en función de su nivel
de responsabilidad. Estos últimos se fijarán de forma consensuada entre
responsable y trabajador.
Además,
antes del examen de evaluación, el trabajador hará una autoevaluación de su
desempeño. En caso de discrepancias, el evaluador deberá argumentar por qué su
valoración no coincide con la del empleado.
Por
último, cada evaluación será objeto de control por el órgano creado al efecto y
se ofrecerá al trabajador un sistema de recursos si no está de acuerdo con el
resultado.
Ver encuesta del CIS sobre calidad de los servicios públicos
Ver encuesta del CIS sobre calidad de los servicios públicos
Ver el informe a la Plantilla de Personal 2014 en la que solicitamos la negociación de un sistema de evaluación del desempeño.
Modelo de evaluación para la Administración Local, elaborado por AEVAL
Evaluación del desempeño (entrevista)
La evaluación del desempeño en el Reino Unido
Cuestionario de autoevaluación, elaborado por la Junta de Andalucía
Modelo de evaluación para la Administración Local, elaborado por AEVAL
Evaluación del desempeño (entrevista)
La evaluación del desempeño en el Reino Unido
Cuestionario de autoevaluación, elaborado por la Junta de Andalucía
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