Purga de funcionarios no afines

• El Consell deberá readmitir a 48 altos funcionarios y abonarles unos 700.000 euros.
• El tribunal reprocha a la Administración que impusiera su remodelación sin negociar con los sindicatos.
• Los jefes de servicio fueron degradados y perdieron unos 600 euros al mes,
• UGT pedirá la ejecución del fallo que tumba el organigrama de la Generalitat.

LEVANTE. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula el Reglamento Orgánico y Funcional (ROF) de la Conselleria de Sanidad y que hace saltar por los aires el nuevo organigrama de la Generalitat que Alberto Fabra heredó de Francisco Camps tendrá consecuencias inmediatas si, como todo apunta, el Consell opta por no recurrir el fallo. Por lo pronto, el Ejecutivo deberá reponer en sus puestos a los 48 jefes de servicio que fueron denigrados. 

La Federación de Servicios Públicos de la UGT, promotora del recurso ganado en los tribunales, tiene previsto pedir a la sala la ejecución de la sentencia y la primera medida será la readmisión de este personal que llegó a la cúpula funcionarial mediante concurso, en su mayoría, en época del socialista Joan Lerma. 

Además, el sindicato exigirá el pago de la cuantía que dejaron de percibir cuando fueron removidos de sus puestos. El Consell vendió en su día la reestructuración administrativa como una medida de ahorro.

Los altos funcionarios que fueron degradados perdieron una media de 600 euros al mes, de manera que Hacienda tendría que devolverles en su conjunto cerca de 350.000 euros al año. Dado que los expedientes de remoción para trasladar a los funcionarios empezaron a ejecutarse en el otoño de 2011, la deuda podría alcanzar los 700.000 euros.

El regreso de estos funcionarios a sus puestos de jefatura sería una de las primeras consecuencias de una sentencia que supone una enmienda a la totalidad al diseño del segundo escalón que Camps preparó y que Fabra acabó asumiendo a pesar de que, posteriormente, se fue deshaciendo de los altos cargos responsables del entuerto, entre ellos de la exsecretaria autonómica de Administraciones Públicas, Ana Brusola, y de la exabogada de la Generalitat, Isabel Villalonga.

El PSPV baraja incluso pedir que ambas comparezcan en las Corts y se plantea también pedir que dé explicaciones la hoy delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ya que el nuevo organigrama fue decidido desde la vicepresidencia del Consell cuando ella estaba al mando. La Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja ya en el escenario de que en próximos días, el TSJ resuelva en el mismo sentido y desmonte el organigrama del resto de conselleries. En todos los casos el procedimiento fue el mismo y, en opinión del TSJ, fue nulo.

El tribunal reprocha a la Administración que impusiera su remodelación sin negociar con los sindicatos, ya que, aunque tiene potestad sobre cómo organizar la Administración, debe consultar con los representantes de los trabajadores si, como fue el caso, estos ven modificadas sus condiciones laborales. Cabe recordar que más de un centenar de funcionarios vieron rebajada su categoría ya que el Consell metió tijera en toda la cúpula funcionarial . En su momento, el Consell alegó razones de ahorro, aunque los sindicatos denunciaron desde el primer momento una purga de funcionarios no afines.