Un mes se ha dado de plazo el Ayuntamiento para negociar con la plantilla de trabajadores el ERE presentado por el Consistorio. El órdago lanzado por el alcalde prevé el despido de 95 trabajadores, el total de los empleados con contrato laboral, bajo la advertencia de que si el expediente de regulación de empleo no se aplica se habrá acabado antes de verano el dinero para pagar las nóminas del conjunto de trabajadores municipales, un total de 359 para un municipio, el de Ayamonte, que frisa los 21.000 habitantes.
Las comparaciones pueden resultar odiosas, pero suelen ser ilustrativas: Huelva capital, con siete veces más población que Ayamonte, cuenta con 1.300 trabajadores. La proporción parece mucho más razonable.
La situación en el municipio fronterizo no es singular. Muchos ayuntamientos de la provincia arrastran aún las consecuencias de una inflación de empleados públicos provocada por antiguos alcaldes que, en su momento, buscaron mediante la contratación masiva e innecesaria su perpetuación en el poder, chalaneando empleos a cambio de votos.
La fórmula funcionó a trompicones mientras los ingresos lo permitieron y Hacienda lo permitía, pero la crisis y el rechazo social que esa política despertaba entre los no beneficiados cambió las tornas. Almonte, Aljaraque, Cartaya, Moguer, Valverde y Bollullos, por citar algunos ejemplos bien significativos, sufrieron en mayor o menos medida esa abusiva política laboral, con consecuencias similares: impago de salarios, conflictividad laboral, ausencia de inversiones municipales, privatización forzada de los servicios públicos (o su capitalización leonina, como en Giahsa) y subidas de tarifas, tasas e impuestos.
A todas esas circunstancias se suma otra más: los vecinos de todos esos pueblos decidieron cambiar de alcalde en las elecciones de 2011, salvo en Bollullos, que lo hizo en 2008 tras una moción de censura ratificada posteriormente en las urnas. En Ayamonte, el socialista Rodríguez Castillo afirma que el 90% del presupuesto que maneja como regidor está destinado al pago de nóminas, pero también debe responder ante sus conciudadanos cómo se ha llegado a un callejón del que sólo se podrá salir mediante despidos -definitivos o temporales- y reducciones de sueldos.
El Gobierno de la nación también debe mover ficha cuanto antes. Su acierto en la aplicación del plan de pago a proveedores y de ajuste en el gasto municipal no ha ido acompañada de mecanismos que garanticen la financiación de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos. Sus propios alcaldes piden a Montoro que ponga los bueyes delante de la carreta, aunque solo sea porque hay elecciones municipales en mayo de 2015. INFORMACIÓN DE HUELVA.
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