- El Consell ofrece ahora implantar parte de este plus en 2015 y recuerda que va a hacer un intenso esfuerzo presupuestario en el capítulo 1
- La carrera profesional no llega a toda la Generalitat y los sindicatos ya han anunciado movilizaciones
- En los ayuntamientos ni siquiera se ha puesto en marcha el proceso de negociación
La decisión de
la Generalitat de paralizar la parte del acuerdo de octubre del año pasado por
el que se comprometía la aplicación a los funcionarios de la administración
general de la carrera profesional -el sistema que regula el aumento de la
remuneración de los empleados públicos conforme alcanzan antigüedad y cumplen
una serie de requisitos en su formación- genera una situación incoherente: no
permite acabar con la diferencia que afecta a los funcionarios de la
Generalitat, y que distingue entre los de primera (a los que ya se les aplica
esa fórmula o similar, como ocurre con los empleados de sanidad y educación) y
los que seguirán sin disponer de este mecanismo que permite ordenar los
incrementos salariales.
El conseller
de Hacienda, Juan Carlos Moragues, explicó la semana pasada que estos últimos,
los 17.000 empleados públicos de la administración general de la Generalitat no
tendrán por ahora esa carrera profesional. Con un Gobierno central volcado en
exigir nuevos ajustes al Consell, y con una reforma de la financiación
paralizada, el Ejecutivo autonómico asegura no disponer de las situación
financiera adecuada para adoptar una medida que supondrá un incremento del
gasto (que el Consell dice no poder cuantificar).
Lo cierto es
que hace menos de un año, el conseller se comprometió con las organizaciones
sindicales a implantar esa medida. Y que, según los sindicatos, el conseller
aseguró el pasado julio, en la memoria económica del decreto, que sí que
existía disponibilidad financiera para adoptar el acuerdo, motivo por el que el
Consell Jurídic informó favorablemente el texto.
El acuerdo de
octubre de 2013 es el mismo que puso punto y final al decreto Vela, aquel que
aprobó el que fuera conseller de Hacienda y que, entre otros recortes, paralizó
la aplicación de la carrera profesional al personal sanitario (que ya lo tenía
regulado) y el cobro de los sexenios al de Educación -una fórmula equivalente-.
Es decir, el Consell se comprometió en octubre a recuperar este sistema para
los funcionarios que ya lo percibían hasta 2012, y a ampliarlo a los 17.000 que
aún no lo tenían adoptado.
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