El frente anticorrupción pide despedir a funcionarios con oposición que no rindan

• Las 99 propuestas alertan de que el sector público no puede ser «el refugio de los que no quieran trabajar» - «Corrupción no es sólo llevarse dinero», advierten

LEVANTE | VALENCIA Las 99 propuestas contra la corrupción del frente cívico Sociedad Civil contra la Corrupción, presentadas anteayer en Valencia, alcanzan hasta los escalones más bajos de la Administración. Porque corrupción, avisan, «no sólo es llevarse dinero». Entre las medidas recogidas en el documento de 30 folios figura la petición de reformar el sistema sancionador de los funcionarios para poder despedir a los trabajadores públicos que no cumplan con los estándares de calidad y cantidad de trabajo mínimos y adecuados que proponen establecer en todos los lugares de trabajo de la Administración. El objetivo, indican, es que al funcionario que no alcance esos mínimos, «por debajo de los cuales no podría ser admisible la presencia de un trabajador», se le abra un expediente mediante el cual «el trabajador pueda ser expulsado de su puesto de trabajo, incluso teniendo una oposición aprobada, y sin derecho alguna a indemnización en los casos más claros». No habrá funcionarios vitalicios de forma ineluctable. Si no rinden, a la calle. En sentido contrario, se sugiere fijar «unos objetivos de incentivación con repercusión económica y profesional». Quien mejor trabaje, más sueldo y mayores posibilidad de ascenso.

En otro punto del documento, se estipula que «los funcionarios con dedicación exclusiva no podrán realizar otro trabajo remunerado» y se pondrá fin a la posibilidad de tener trabajo que no sea en exclusiva. Por ejemplo: en el caso de los médicos, que explícitamente se cita en el documento, se reclama la regulación del «conflicto de intereses de los facultativos que participen en proyectos de colaboración con las compañías del sector salud», y se reclama la obligación de publicitar el dinero percibido por esta colaboración externa.

Hay más control sobre los funcionarios. Como publicó ayer este periódico, se propone «crear un cuerpo de inspectores» que, sin necesidad de avisar con antelación, pueda controlar el adecuado cumplimiento del trabajo y la aptitud de los empleados públicos. Este cuerpo de inspectores tendría un buzón abierto al público para recibir reclamaciones laborales e investigarlas. Asimismo, el frente anticorrupción también pide que la actual Inspección de Servicios cumpla «asiduamente» su función de vigilancia de las actuaciones de los funcionarios.

«Ser funcionario ,reivindica la nueva Sociedad Civil contra la Corrupción, con la mitad de sus miembros trabajando en el sector público, debe exigir unos mínimos de eficacia que deben ser valorados, y no tratarse del refugio de los que no quieran trabajar, ni para los que quieran enriquecerse a costa de otros.

Aprobar una oposición tampoco debe permitir la falta de adecuación al puesto de trabajo. El funcionario «modelo» debe diferenciarse y valorarse adecuadamente», apuntan.

Más responsables de su gestión

Otra propuesta que persigue aumentar la vigilancia y transparencia de la Administración desde su misma base es la creación de un Consejo Ciudadano „formado por profesionales externos y funcionarios técnicos„ para auditar la transparencia de los funcionarios y las administraciones. Por último, instan a «endurecer el régimen de responsabilidad tanto de los funcionarios como de los políticos en relación a su gestión».

Aparte de las medidas sobre funcionarios y las propuestas ya publicadas, hay otras que merecen ser destacadas como la prohibición de que se contrate desde la Administración con empresas o personas vinculadas en primer o segundo grado de parentesco donde figuren familiares con responsabilidad. Asimismo, se solicita revocar el privilegio que tienen ciertas autoridades a efectuar declaraciones judiciales por escrito y sin comparecer ante el juez. También se exige endurecer el acceso a beneficios penitenciarios por parte de los corruptos condenados: que devuelvan el dinero robado para poder acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario o el adelantamiento de la libertad condicional.