- La Conselleria de Hacienda propone a los sindicatos un nuevo decreto para regular los concursos de méritos y consolidar puestos de jefatura
EFE Con las elecciones a
la vuelta de la esquina y un probable cambio de inquilino en el Palau de la
Generalitat, los movimientos en el ámbito de la función pública son evidentes,
especialmente, los que se producen en la cúpula funcionarial. Como ya informó este
diario, los habitantes de la Generalitat parecen moverse el grito del «sálvese
quien pueda» con distintos movimientos de funcionarios que han trabajado al
calor de la administración popular con el objetivo de resituarse ante el
posible cambio de gobierno. Junto al aceleramiento de los nombramientos de
libre designación en los escalafones más altos de la función pública (jefaturas
de servicio), el Consell intenta dejar atados otros puestos claves: las
jefaturas de sección, de coordinación y de equipo (muchas de ellas vacantes) y
que deben cubrirse mediante el procedimiento de concurso.
Para ello, la
Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas (que tiene las competencias
de Función Pública) ha elaborado un decreto por el que se aprueba el reglamentode selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad personal. Esta norma
tiene por objetivo regular los procesos de promoción interna de los
funcionarios adaptándose a la ley de la función pública valenciana de 2010. El
borrador lleva meses circulando, pero ha sido rechazado por los sindicatos,
entre otros motivos, porque introduce un elemento de arbitrariedad en el
listado de méritos que se tienen en cuenta en los concursos para adjudicar las
plazas de jefatura. Así, según consta en el documento al que ha tenido acceso
este diario, junto a los criterios objetivos existentes hasta ahora
(antigüedad, grado de desarrollo profesional, formación) se introduce la
entrevista personal, por la cual se podrá obtener una puntuación de hasta un 30
% del total de todos los méritos puntuables.
En concreto, el
polémico punto, incluido dentro de formación, establece que se tendrá en cuenta
«el resultado de una entrevista que tendrá como objetivo valorar la adecuación
del perfil profesional y aptitudes de la persona participante, sus posibles
iniciativas para el mejor desempeño de las funciones y tareas del puesto, así
como cualquier otro mérito no recogido en las bases de la convocatoria». Más
adelante, el decreto especifica que la entrevista no podrá tener una puntuación
superior al 30 % y abre la puerta a que en las convocatorias se establezca que
sólo podrá someterse a la entrevista a aquellos aspirantes que hayan logrado un
mínimo de puntos por el resto de criterios.
En el decreto de
provisión en vigor, que data de 1999, no se contempla una entrevista personal,
sino una prueba oral sobre una memoria escrita. Los sindicatos consideran que
existe una diferencia fundamental entre una entrevista a la realización de
preguntas en torno a una memoria que está escrita previamente. En caso de
conflicto o de disconformidad por la adjudicación de una plaza, el documento
escrito es una prueba mucho más objetivable que una entrevista personal. De
hecho, los sindicatos opinan que el nuevo decreto en realidad acerca los
concursos de méritos a la libre designación al introducir un margen importante
de discrecionalidad. Apuntan a que tras tantos años de servicio, la mayoría de
los funcionarios que compiten por estas plazas tienen una puntuación similar,
por lo que la entrevista, con hasta un 30%, decantaría en la mayoría de las
veces la decisión.
Desbloquear los
concursos
El Consell impulsó hace más de un año los procesos de libre designación para los altos funcionarios. Estos nombramientos son provisionales, ya que son una especie de personas de confianza que pueden ser cesados de forma discrecional. Ahora bien, su tiempo en estas plazas les permite consolidar el sueldo.
El Consell impulsó hace más de un año los procesos de libre designación para los altos funcionarios. Estos nombramientos son provisionales, ya que son una especie de personas de confianza que pueden ser cesados de forma discrecional. Ahora bien, su tiempo en estas plazas les permite consolidar el sueldo.
Los sindicatos (ver alegaciones de UGT) se han
negado a negociar el nuevo decreto de selección (el diálogo está roto de nuevo
por la decisión de Hacienda de no devolver la extra completa a los funcionarios
de Justicia) y retan a la Conselleria a que desbloquee los concursos para
promocionar al resto de funcionarios, pero con las reglas del juego del decreto
del 99 donde no figura el método de la entrevista. «Si han podido acelerar el
proceso para 700 puestos de libre designación, pueden hacerlo para el resto»,
reflexiona un representante sindical que ve en este decreto un intento de
blindar funcionarios afines.
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