- Los derechos laborales de los empleados públicos no pueden estar sujetos a los intereses electoralistas de los partidos políticos
Previsiblemente, el
Gobierno anunciará en el Consejo de Ministros de hoy la aprobación de un
crédito extraordinario para abonar el 26,23% de la paga extra suprimida en 2012
a las empleadas y empleados públicos. Adelanta también que devolverá el 6º
“Moscoso” y “los canosos” que los empleados públicos han perdido desde entonces
(vinculados a la antigüedad), ya sean por asuntos propios, ya por vacaciones.
Eso sí, conviene
precisar que, salvo el 6º Moscoso, el resto de las medidas sólo serán de
aplicación a los empleados públicos de la AGE, que sólo suponen, en volumen de
empleo, el 8% del conjunto de empleados públicos de todas de las
Administraciones Públicas.
Igualmente se ha
anunciado, en esta ceremonia de la confusión, que el 50% restante de la paga
extraordinaria se devolvería en el mes de enero de 2016. Anuncio que fue
rectificado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas breves
momentos después, para señalar que no existe fecha cierta con respecto a dicha
devolución, reconduciendo la situación a la indeterminación del Proyecto de Ley
de Presupuestos para el 2016, aun no aprobado y cuya ejecución no dependerá del
actual Gobierno, sino del que resulte elegido en las próximas elecciones
generales.
Aunque desde UGT
celebramos la devolución de ciertos derechos, consideramos estas medidas
claramente insuficientes y con un obvio cariz electoralista. UGT ya reivindicó
en todos los foros la devolución de los días adicionales y demás derechos
recortados, y encontró la negativa del ministro de Administraciones Públicas.
Ahora el gobierno cambia su estrategia y, fiel a su estilo, lo hace mediante un
Real Decreto Ley, adelantándose incluso a la ley de PGE en una maniobra
claramente partidista. Incumpliendo así el compromiso adquirido por el propio
Ministro en la Mesa General de Negociación del 30 de julio, relativo a la
apertura de un proceso negociador.
En todo caso, la
devolución de la paga extra no es sinónimo de recuperación salarial, ya que no
resuelve la pérdida de poder adquisitivo acumulado durante la legislatura
(9,2%), tras sucesivos recortes y congelaciones que, además de tener una negativa
incidencia sobre su actual salario, tendrá una nefasta repercusión en la
generación de las futuras pensiones a percibir por los empleados públicos.
Además, el Gobierno
suprimió la paga extra con carácter general y sin embargo ahora deja su
devolución parcial al albur de las, Entidades Locales, Diputaciones y demás
Administraciones Públicas que tienen, en muchos casos, altos niveles de
endeudamiento y limitaciones presupuestarias.
El Gobierno no puede
vender la idea de que volver a las condiciones anteriores a 2012 significa una
mejora para los empleados públicos y que así queda zanjada la deuda que tenía
con ellos. Se han perdido 400.000 empleos públicos en los últimos cuatro años,
se han reducido los fondos destinados a la acción social y a los planes de
jubilación, se recortaron las retribuciones en caso de incapacidad temporal y
se amplió la jornada.
En definitiva, y como
conclusión, desde FSP-UGT consideramos:
Ø Que el
planteamiento de unas medidas que sólo van a resultar de aplicación al 8% de
los empleados públicos, supone una discriminación totalmente injustificada.
Pues en 2012 se recortaron los derechos a todos los empleados y Administraciones
Públicas y, ahora, sólo se devuelven expresamente a una parte de los mismos
(Administración General del Estado).
Ø El balance
del Gobierno con los empleados continúa siendo muy negativo, ya que con estas medidas, todavía no alcanzamos las condiciones laborales existentes a su
llegada al poder.
Ø Desde
FSP-UGT continuaremos reivindicando el carácter básico que debe tener la
recuperación de todos los derechos que han sido arrebatados y que continúan
pendientes.
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