- La mitad de los empleados públicos menores de 40 años son temporales
- Los trabajadores eventuales en la Administración llegan al 28,2%, mientras que en el sector privado son el 25,9%
Ya hace tiempo que trabajar para la
Administración y tener estabilidad laboral dejaron de ser
sinónimo. En el segundo trimestre del año, la tasa de temporalidad entre los
empleados públicos llegó al 28,2%, frente al 19% de comienzos de 2013. Marcó un
nuevo récord y superó con holgura a la del sector privado (25,9%). Esta
situación se agrava entre los más jóvenes, y no solo entre quienes acaban de
llegar al mercado laboral, sino también entre quienes aún no han cumplido los
40 años. En este grupo, los trabajadores eventuales son más de la mitad
(55%), según la encuesta de población
activa del INE.
Personal sanitario protesta en Galicia contra la precariedad laboral.
La puerta de entrada al mercado laboral español se abre a base de contratos
temporales. De muchos. Y esta ley de hierro que empezó a forjarse en
los años ochenta en el sector privado, no solo ha llegado a las
Administraciones sino que ha ido a más. Para empleados públicos menores de 40
años la tasa de temporales está en el 55%, frente al 44,9% en el que se situó
en el segundo trimestre de 2008.
La tendencia se observa con nitidez al
comparar las tasas de temporalidad por edades. Entre los más jóvenes, las cifras son altísimas:
93,5% en el sector público para los menores de 20 años y 85% en el privado.
Después, conforme las cohortes observadas envejecen, el peso de los
trabajadores eventuales va cayendo. Sin embargo, esa evolución natural es
mucho más lenta entre quienes trabajan para el sector público: de 30 a 39 años
el porcentaje de eventuales llega al 45,7% en las Administraciones y, en
cambio, baja al 25,6% en las empresas privadas.
El resultado de esa precariedad enquistada es que más de la mitad de los
822.900 trabajadores menores de 40 años del sector público son temporales
frente al 36,3% de los casi seis millones de asalariados del sector privado,
según la última EPA.
Para explicar esta situación, los tres sindicatos más representativos entre
los funcionarios (CC OO, CSI-F y UGT) recurren a argumentos similares: los
años de austeridad, que en el caso de gestión de personal llevaron a la
práctica paralización de las oposiciones desde 2010/2012 y que solo en los
últimos ejercicios empiezan a volver a convocarse.
“En 2012 se bajan a cero casi todas las tasas de
reposición”, apunta Francisco Iglesias, de CSI-F. Se refiere al
mecanismo de sustitución de los funcionarios que se jubilan: si llega al 100%,
se sustituye a todos los que se retiran; si se queda en el 50%, a la mitad.
“Pero que la tasa bajara al 0%, no quiere decir que al jubilarse 100 médicos
nos quedáramos sin 100 médicos. Esas plazas no se sacaban, pero sí se
contrataban, por ejemplo, a 80 interinos”, aclara. Esto es lo que Frederic
Monell, de la federación de Servicios Públicos de UGT, llama “falso mecanismo
de ajuste” con una consecuencia: “El bloqueo a la hora de renovar las
plantillas en las Administraciones”.
Y así, durante años se ha ido cebando la
temporalidad pública, hasta llegar a ese máximo del 28,2%. En seis años ha
subido casi nueve puntos y ya son tres los trimestres consecutivos en que
supera al sector privado.
“Firmo un contrato casi cada día que trabajo”, señala Raquel Fernández
(nombre ficticio). Esta médico de 39 años que trabaja en un hospital catalán
explica que no tiene problemas económicos porque “las guardias se pagan bien”,
pero también que “podría empapelar una casa con todos lo contratos”.
Sanidad, educación y Ayuntamientos
Su caso no es único en España. La Sanidad pública, dependiente de las
comunidades autónomas, es donde más trabajadores interinos y eventuales se
concentran. Así lo subraya Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de la
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO. “Está disparada en la
Sanidad, la Educación y en los Ayuntamientos”, especifica este sindicalista. Se
apoya un informe de su organización que, partiendo de los datos de la EPA,
cifra la temporalidad en la Sanidad en el 37% y en la Educación, en el 26,1%,
sin segregar por edades.
En el Ministerio de Función Pública, también miran a estas competencias
autonómicas, “que superan el 25%”. Según sus números, en su ámbito de
competencia apenas rozaría el 2%. Olmos cree que esta cifra es muy baja y que
es “algo más alta”, aunque tampoco mucho más. Desde el Gobierno central también
recuerdan que el pacto de consolidación de empleo público que firmó en 2017 el
Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy con los sindicatos tenía el objetivo de reducir la temporalidad al 8% y
se refería, sobre todo, a las comunidades por la situación de la Educación y la
Sanidad.
A pesar de ello, los tres sindicatos defienden que es pronto para hablar de
fracaso del pacto porque el plazo de ejecución llega a 2021. No obstante, sí
que muestran preocupación por la lentitud en su implantación. Iglesias, de
CSI-F, critica la demora en la aplicación del acuerdo en la Administración central
y en Justicia. Además, desde que se firmó el pacto se han aprobado dos leyes de
presupuestos (necesarias para poner en marcha todo el engranaje de oposiciones)
con retraso, 2017 y 2018, y este año están prorrogados.
Monell, de UGT habla de la gran cantidad de tiempo que pasa desde que se pone en marcha una oferta de empleo público
hasta que se cierra el proceso. Por su parte, Olmos, de CC OO,
lo ilustra: “Este verano están tomando posesión los funcionarios que han ganado
la plaza de las ofertas de empleo público de 2017”, ilustra. “Las convocatorias
más grandes de Sanidad llegarán a finales de este año”, remacha.
La edad media de los trabajadores públicos ronda los 52 años, según el
Ministerio de Políticas Territorial y Función Pública. Esto le lleva a prever
que en los próximos años se jubilará algo más de la mitad de los funcionarios actuales.
Esto también se ve en los datos que divulgó el INE a finales de julio. En
ellos se ve que el 43,5% de los 3,2 millones de trabajadores públicos tiene 50
años o más. Este porcentaje es mucho más alto que el de los asalariados del
sector privado, en que los mayores de 50 representan el 25,4%, y todavía más
que en el conjunto de ocupados (asalariados, empresarios y autónomos), en que
baja hasta el 17,8%.
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