EL PAIS Los funcionarios del Ayuntamiento de Catarroja conviven de cerca con la austeridad. Unos, se llevan los bolígrafos de casa. Otros, recurren a la imaginación cuando apura la tinta de la impresora. “Tenemos problemas para cambiar el tóner”, apunta una administrativa que relaciona la escasez con los recortes. Un policía local añade que recibe a cuentagotas los folios para sus atestados. Y recuerda que en 2012 realizó sus dos prácticas de tiro anual con la mitad de munición.
El Ayuntamiento de Catarroja (Valencia, 27.697 habitantes) mantiene una política de austeridad dual. Reduce su gasto para cumplir con el objetivo de déficit fijado por el Gobierno —ahorró 3,5 millones el pasado año— y retribuye con generosidad a un selecto grupo de funcionarios.
El interventor municipal y coordinador técnico percibe 124.322 euros, según el Ayuntamiento. Su salario casi dobla la nómina del jefe del Consell, Alberto Fabra (66.297), y supera con creces las retribuciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (75.000), y la alcaldesa de la localidad, la popular Soledad Ramón (55.000). El grueso del sueldo del interventor depende de complementos concedidos por el Ayuntamiento, según el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València Juan Antonio Ureña.
La secretaria general municipal (83.193) cobra más que un ministro (68.891). Y el jefe de la policía local percibe 76.484. La porción más abultada de los sueldos responde en la mayoría de los casos a un complemento específico por responsabilidad que, en el mando policial, suma 48.244 euros.
El Ayuntamiento admite que tarda un promedio de 88 días en pagar a sus proveedores pero destaca que ha cumplido con holgura los deberes del plan de ajuste del Gobierno y confía en cerrar el año con un superávit de 936.000 euros.
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