La reforma de la Administración local diseñada por el Gobierno —cuyo lema es: una Administración, una competencia— concede la competencia exclusiva de los servicios sociales a las comunidades autónomas. Esta decisión tendrá un impacto directo en las prestaciones municipales, protagonistas de la primera (con frecuencia también segunda y tercera) línea de batalla contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo. En un momento en que la dureza y la persistencia de la crisis económica está desbordando la capacidad de respuesta de la red asistencial, la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy ha sembrado la incertidumbre en el sector: no está claro si las autonomías mantendrán todos los servicios que los municipios tendrán que dejar de asumir, si podrán financiarlos o si acabarán privatizándolos.
La norma reduce el papel de los municipios a la “valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. O lo que es lo mismo: “Una mera oficina de derivación con alguna ayuda de urgencia o de los albergues municipales en su concepto más limitativo de puro asistencialismo a corto plazo”, según afirma la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un documento que analiza el impacto de la medida.
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