1. Clarificar
las competencias municipales para evitar duplicidades bajo el principio de 'Una
Administración, una competencia'.
2. Racionalizar
la estructura de la Administración Local, de acuerdo con los principios de
estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, para que se no gaste más de lo
que se ingresa.
3. Garantizar
un control financiero y presupuestario más riguroso.
4. Promover
la profesionalidad y transparencia en la gestión pública.
La reforma adapta las entidades locales a los requerimientos
fijados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, distinguiendo
entre servicios obligatorios y facultativos. Sólo cuando esté garantizada la
prestación de servicios obligatorios se podrán prestar servicios no
obligatorios y "ninguna entidad podrá gastar más de lo que ingrese".
También se actualizan las competencias municipales, separándolas
claramente de las estatales o autonómicas. Se potencia el papel de las
diputaciones provinciales para que gestionen servicios obligatorios mínimos de
municipios inferiores a 20.000 habitantes. El fomento de la cooperación
interterritorial permitirá garantizar una prestación adecuada de servicios y de
la financiación de los mismos.
El texto también introduce la cultura de la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto de "coste estándar" como sucede en otros Estados europeos para la medición de los servicios que actualmente prestan las Entidades Locales.
El texto también introduce la cultura de la evaluación de los servicios a través de la inclusión del concepto de "coste estándar" como sucede en otros Estados europeos para la medición de los servicios que actualmente prestan las Entidades Locales.
Igualmente, se incorporan también disposiciones que incentivan
el redimensionamiento del sector público local para lograr los objetivos de
déficit establecidos. Se limita el crecimiento del sector público local, así
como de sus organismos dependientes.
Por último, los servicios públicos de competencia local habrán
de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Además, en relación a su
gestión directa, se incorpora el requisito de transparencia en términos de
inclusión de publicidad del coste del servicio y el apoyo técnico a los efectos
de asegurar el criterio de sostenibilidad y eficiencia de las propuestas
planteadas.
Durante la reunión, presidida por el ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se han introducido
algunas novedades, atendiendo a las alegaciones presentadas tanto por
comunidades y ciudades autónomas, como por las Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El anteproyecto se remitirá,
para su dictamen preceptivo, al Consejo de Estado.
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