LEVANTE. El gobierno de Catarroja
mantiene abierto un expediente disciplinario contra un oficial de la Policía
Local por la denuncia que formuló la Guardia Civil contra él en enero, por huir
presuntamente con el coche patrulla en un control de tráfico. Según el atestado
de la Benemérita, cuando le denunció por conducción temeraria, "estando a
bordo de un vehículo oficial junto a su compañero, al percatarse de la
existencia de un dispositivo de control de la Guardia Civil, detuvo su marcha y
realizó un cambio de sentido de circulación, rebasando la línea longitudinal
continua que delimita dos carriles de circulación de la vía, invadiendo el
sentido contrario y llegando incluso a subirse a la acera para poder realizar
dicha maniobra, continuando la marcha a gran velocidad". Asimismo, la Guardia
Civil añadió que, tras declarar el agente que le acompañaba en el vehículo,
confesó que llegó a temer por su vida. La Benemérita testificó además ante el
juez que el acusado se fue con el coche patrulla a 100 o 120 kilómetros por
hora y que no fue detenido porque "era una situación delicada" aunque
afortunadamente en aquel momento nadie más circulaba por esa zona.
El fiscal consideró que, dado que no se había puesto en peligro la integridad física de nadie o de ningún bien jurídico, y que no pudo probarse la velocidad porque oscilaba según las versiones de cada testigo, "si bien la conducta del acusado está en el límite de la infracción penal", no llegaba a probarse que hubiera delito. La acusación pública pidió, por tanto, el sobreseimiento y así lo dictó el juez hace unas semanas.
Tras producirse los hechos, en la noche del 31 de diciembre en Catarroja, a instancias del jefe de la Policía Local, se le abrió un expediente disciplinario al oficial para depurar posibles responsabilidades administrativas o en función de su rango y puesto de trabajo en el consistorio. La apertura del expediente vino acompaña de la suspensión de empleo y sueldo de este agente. Pero en febrero, el entonces acusado presentó una recusación a ambos por "enemistad manifiesta y litigio pendiente", según consta en una resolución de alcaldía a la que ha tenido acceso este diario. Aunque Soledad Ramón consideró que no existían "causas objetivas" para aprobar la recusación, sí que revocó los nombramientos de instructor y secretario "debido a la acumulación de tareas" que tenían ambos.
Y hace días, el nuevo instructor, ha recomendado que, en vista de la sentencia,
se anule la suspensión provisional de funciones.

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