El
Consejo de Ministros ha recibido de la vicepresidenta y ministra de la
Presidencia, y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el informe
de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
El
Consejo de Ministros había acordado en el mes de octubre de 2012 la creación de
la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que tenía de
plazo hasta el 30 de junio de este año para presentar un informe, una auditoría
completa de todo el sector público español, informe que es el que hoy ha
analizado el Consejo de Ministros.
Se
trata de una guía y un instrumento al servicio de la Administración General del
Estado, para la que es una obligación, y al servicio de todas las
Administraciones Públicas, porque contiene ideas e instrumentos muy útiles para
ser más eficaz y más cercano al ciudadano. El objetivo es una Administración
que sea mucho más eficiente, mucho más cercana, mucho más fiable y mucho más
transparente.
Tamaño del sector público
Según
se constata en el informe, el tamaño del sector público en España no es mayor
que el de otras Administraciones de nuestro entorno; de hecho, es menor que la
media del conjunto de los países de la OCDE. También se ha puesto de manifiesto
que lo que se dice que es el enorme aparato burocrático de las Administraciones
españolas tampoco es tal, que la inmensa mayoría de los empleados públicos
prestan servicios en servicios públicos esenciales, como la educación, la
sanidad, la dependencia o las Fuerzas Armadas y que lo que se conoce como
"aparato burocrático" es un porcentaje en torno al 25 por 100.
El
informe se centra en cómo se puede hacer que ese aparato burocrático sea mucho
más racional, más eficaz y más eficiente; es decir, funcione mejor y lo haga de
una manera más barata, y llegue mucho mejor al ciudadano.
Los
objetivos del informe son: primero, reforzar la disciplina presupuestaria y la
transparencia públicas; en segundo lugar, racionalizar el sector público; en
tercer lugar, mejorar la eficacia y la eficiencia de la Administración; y, en
último lugar, cambiar la cultura administrativa por una cultura enfocada al
administrado.
El
Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por que se crea la Oficina
para la Ejecución de la Reforma de Administración. Se trata de un órgano que
asumirá la ejecución coordinada de las medidas incluidas en el informe de la
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, se encargará de su
seguimiento e impulso, y, en su caso, propondrá nuevas medidas.
El
director de la Oficina será nombrado a propuesta conjunta de la vicepresidenta
del Gobierno y ministra de la Presidencia, y del ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, y tendrá rango de subsecretario. La Oficina estará
adscrita orgánicamente al Ministerio de la Presidencia, a través de la
vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, tendrá dependencia
funcional conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Entre
sus competencias figurarán las siguientes:
Elaborar
el informe mensual de ejecución de las medidas incluidas en el informe de la
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Velar
por el cumplimiento del calendario de ejecución de las medidas incluidas en el
informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
Recabar
de los distintos departamentos ministeriales y de sus organismos y entidades
dependientes o vinculadas cuanta información sea necesaria para el ejercicio de
sus funciones.
Recibir
las iniciativas relacionadas con el ejercicio de sus funciones que formulen los
órganos, entidades, organismos, organizaciones sectoriales y cualesquiera otras
asociaciones o entidades públicas o privadas.
Informes
trimestrales y anuales
La
Oficina elaborará trimestralmente un informe de resumen del nivel de ejecución
por cada Ministerio de las medidas incluidas en el informe de la Comisión y
especificará el calendario de ejecución, responsables, actuaciones realizadas y
eficiencias obtenidas. Además, la Oficina elaborará anualmente otro informe
sobre el ejecución de la reforma, sobre las medidas ejecutadas y pendientes de
ejecución, y, en su caso, las nuevas que se hubieran aprobado. Ambos informes
se elevarán al Consejo de Ministros.
La
Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración estará asistida,
para el desempeño de sus funciones, por el necesario apoyo administrativo y
material de los distintos Departamentos ministeriales. Cada Ministerio,
organismo y entidad vinculada o dependiente de un Ministerio designará un
responsable que será el interlocutor y colaborador del Director de la Oficina
para la ejecución de la reforma de la Administración.
A
la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración se le asignarán
los medios personales mediante redistribución de efectivos o mediante
adscripción temporal de puestos de trabajo procedentes de cualquier Ministerio,
entidad u organismo.
Se
fomenta la presentación telemática de documentos al eliminar la obligación de
presentarlos personalmente, lo que evitará desplazamientos y agilizará la
tramitación.
El
40 por 100 se aplicarán desde este mes de junio, y el 90 por 100 antes de que
acabe 2013.
El
Acuerdo se adopta de acuerdo con los criterios de simplificación procedimental
de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas.
El
Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la reducción de las cargas
administrativas y mejora de la regulación, que supondrá la simplificación de 63
trámites con la Administración y que permitirá un ahorro anual estimado de más
de 478 millones de euros.
En
la elaboración de este nuevo Acuerdo, y en línea con la necesaria
simplificación de la normativa encomendada por la vicepresidenta del Gobierno a
los distintos Ministerios, la Comisión de Reforma de las Administraciones
Públicas (CORA) ha jugado un papel destacado. En concreto, dentro de la misma
la Subcomisión de Simplificación Administrativa, encargada de estudiar las
mejoras procedimentales y los procesos de reducción de trámites, ha coordinado
las propuestas a incluir en este Acuerdo, formuladas por todos los
Presentación telemática de
documentación
En
su mayor parte, se evita la obligación de que un ciudadano o una empresa tenga
que acudir a una ventanilla de la Administración para presentar una
documentación, al permitirse que se haga telemáticamente.
Así,
por ejemplo, a partir de ahora, se podrá presentar documentación a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria únicamente con el Código Seguro de
Verificación, y sin exigir certificado electrónico, al igual que la posibilidad
de realizar telefónicamente ante el Servicio Público de Empleo la solicitud de
reanudación de prestación contributiva o la solicitud de compatibilidad de la
prestación contributiva con la realización de un trabajo a tiempo parcial.
De
esta forma, se responde a la filosofía de "menos formularios, menos
papeleos y menos ventanillas" anunciada por el presidente del Gobierno en
la presentación de las conclusiones de reforma de las Administraciones Públicas
(CORA).
Implantación desde junio
De
las 63 cargas a reducir, el 40 por 100 se implementan ya desde este mes de
junio. La gran mayoría se pondrán en marcha a lo largo de 2013. En cuanto a sus
beneficiarios, 7 afectan directamente a ciudadanos; 47, a empresas y 9, a empresas y ciudadanos.
Otras
medidas destacadas son: crear un Registro de Apoderamientos para la tramitación
por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social; posibilitar la
habilitación del libro de visitas en el momento del alta de la empresa en la
Seguridad Social; suprimir la obligación, para corredores de seguros y
corredores de reaseguros, de remitir información estadística semestral; revisar
y simplificar los cuestionarios de la Encuesta sobre la Estructura de las
Explotaciones Agrícolas; posibilitar la remisión de notificaciones sobre
organismos modificados genéticamente, y el intercambio de información por vía
electrónica, y posibilitar la solicitud electrónica de permisos y
autorizaciones de trabajos aéreos.
Este
paquete de medidas continúa con el compromiso cumplido el pasado 1 de diciembre
de 2012 de reducir en un 30 por 100 las cargas administrativas en el periodo 2007-2012,
y supone un ahorro total de más de 478 millones de euros, según el Método
Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y de su reducción, basado en
la metodología de costes estándar (MCE) y compartido por las Administraciones
Públicas españolas.

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