EL PAÍS. Desde las 12.10, la
juez que investiga el caso de los ERE toma
declaración como imputado a Manuel Gómez Martínez, quien fue interventor general de la Junta de Andalucía entre los
años 2000 y 2010. La juez Mercedes Alaya le acusa de prevaricación y
malversación. Se prevé que su comparecencia dure varios días. La magistrada
considera que el exinterventor tuvo en su mano haber frenado el fondo de los
ERE que se dotó con 721 millones entre 2001 y 2010. En la lectura de su
imputación, Alaya le ha achacado haber autorizado antes de 2001 hasta seis
modificaciones presupuestarias realizadas bajo el mismo mecanismo utilizado por
el fondo de los ERE.
Las defensas han solicitado a la juez que se incorporen al procedimiento la
comparecencia de Gómez ante la comisión parlamentaria de investigación de los
ERE y la carta que remitió al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia.
En esta misiva, el exinterventor fue muy duro y acusó al presidente de la
Junta, José Antonio Griñán, y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo,
de "cebar sin descanso la corrupta partida", en referencia a las
ampliaciones presupuestarias que ambos autorizaron durante su etapa en la
consejería de Hacienda.
Este testimonio se considera clave para el futuro procesal de José Antonio
Griñán, ya que, según ha defendido Gómez una y otra vez, la
Intervención hizo hasta 15 informes advirtiendo de la utilización inadecuada de
las transferencias de financiación. Varias decenas de manifestantes han
recibido esta mañana con gritos de "valiente" y "que lo cuente
todo" al exinterventor. Los manifestantes han sido convocados por varias
organizaciones sociales para "aplaudir y vitorear" a la juez Mercedes
Alaya, informa Efe.
En un auto dictado a principios de mes,
Alaya imputó tanto al ex interventor general como a otros 19 cargos o ex altos
cargos de la Junta, entre ellos, la exconsejera de Economía y
Hacienda, exministra de Fomento, Magdalena Alvarez. La Junta decidió recurrir
este autodirectamente ante la Audiencia Provincial de Sevilla y pidió a la juez
que suspendiera la declaración del exinterventor hasta que no se resolviera su
recurso, pero la magistrada rechazó suspender la comparecencia en un auto en el que
criticó a la Junta por mantener una posición "más propia de una defensa
que de una acusación particular, lo cual llama la atención por la aireada
actitud de colaboración que pregona para sí la Junta".
En su intervención en agosto de 2012 ante la comisión de investigación de
los ERE, el exinterventor aseguró que las consejerías de Empleo, Innovación o
Hacienda debieron "tomar medidas" cuando la Intervención General le
remitió el informe en el que este órgano detectó "graves
deficiencias" en el procedimiento de gestión de las ayudas. En este
sentido, subrayó que esta Administración, por "sentido común", debió
"tomar medidas" al respecto porque, según ejemplificó de una forma
muy gráfica, "sería como si el vecino te avisa de que al extractor de tu
cocina le salen llamas" y, en lugar de llamar a los bomberos,
"esperas a que el vecino te lo confirme por correo electrónico".
Con todo, Gómez insistió en la "legalidad" del marco general en
el que se han aprobado los ERE y las ayudas sociolaborales a empresas y a
individuales, ya que no solo fue "respaldado en el presupuesto de la Junta
de Andalucía, que es el principal instrumento de legalidad de financiación de
la Administración autonómica", sino que, además, "todas las cuentas
generales de la Junta son de general conocimiento y están a disposición de
cualquier ciudadano en Internet desde 2001".
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