LEVANTE. La colocación de pancartas del
Ayuntamiento de Burjassot contra la Generalitat Valenciana para denunciar la
paralización e irrealización de proyectos -obras del metro, colectores de Lauri
Volpi, colegio San Juan de Ribera y la paralización del centro de salud- no
puede considerarse como un delito de malversación de caudales públicos, tal
como pretendían ocho concejales del Partido Popular que se querellaron en el
pasado mandato contra el exalcalde socialista José Luis Andrés Chavarrías por
usar fondos municipales para atacar al entonces presidente del Consell
Francisco Camps.
La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el
recurso de apelación presentado por los ediles populares contra el auto del
juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Paterna que ya concluyó
que no existía un delito de malversación, pues "no ha habido destino de
los caudales a usos ajenos a la función pública".
Durante el anterior mandato de Chavarrías, el gobierno del PSPV y Esquerra
Unida emprendió en 2010 una campaña institucional para denunciar mediante la
colocación de pancartas los incumplimientos de la Generalitat Valenciana en
materia de infraestructuras en el municipio.
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