MUNDIARIO. Es
noticia en la prensa que otros 75
enchufados pasan a formar parte de empleados públicos sin haber pasado por un
proceso de seleccion. Sigue siendo rentable para los políticos y altos
cargos saltarse la Ley porque no hay consecuencias. A la contra, miles de
personas que preparan durante años oposiciones no tienen el padrino que
les dé el empujoncito para saltarse el engorroso trámite de ponerse a chapar y
competir en régimen de igualdad, haciendo valer el mérito y la capacidad y
esperan años y años y cuando salen las plazas, salen la mitad, con suerte,
porque antes ya se han ocupado plazas inexistentes por los enchufados.
Preparar
una oposición es un aprendizaje de algo más que unos temas. Cuando lo consigues
formas parte de una sociedad que te paga, y a la que tienes que corresponder
defendiéndola, pero te da la independencia para poder hacerlo. Luego pueden
llegar las tentaciones y hacer o no caso, porque cuando te ves rodeado de
esos otros empleados “a dedo” que por narices firman lo que tú no y si te
atreves a denunciarlo pasas a ser considerada “persona conflictiva”, tienes que
evaluar si pasas a formar parte de los “indeseables” y dormir bien, o empezar a
trapichear y escalar en función de lo que sabes y callas.
Esas
75 personas en su mayoría han llegado con un contrato por razones de
amistad con un político o alto cargo. Ilegalmente les han prorrogado más de 2
años dicho contrato y luego han utilizado las leyes (y a jueces que mas que
justicia parecen aplicar la estulticia) para saltarse las normas de acceso a la
función publica. Puede que sea legal, lo que no es, es ético ¿Y esa es la gente
que va a defenderte aplicando las leyes?, ¿alguien que las utiliza para
saltárselas y entrar por la puerta de atrás en la Administracion?.
De
una Administracion que funcionase, lo correcto es que les indemnicen y pedir
responsabilidades a las personas que han dado lugar a dicha ilegalidad, pues de
lo contrario tenemos asegurado el engranaje de la corrupción. Las denuncias se
aparcan en un cajón, la justicia no existe si en el lado contrario están
los políticos – este si debería de ser obligatoriamente casos para un jurado
popular-y se trata de vivir con un difícil equilibrio, pues si tienes la
desgracia de tener que convivir laboralmente con un “contratado laboral”
probablemente sea de los que su propio complejo le haga querer compensarlo, no
solo saltándose las leyes por desconocimiento o interés, sinó porque pretenderá
demostrar su valia con exigencias que no vienen al caso. Todo con tal de
hacerse notar.
A
los conselleiros de Medio Rural y de Economia, o les han metido un gol, o no
cumplen las leyes que han prometido respetar. Tienen la obligación de exigir
responsabilidades con la inhabilitación temporal o definitiva de los
funcionarios que han dado lugar a dichos hechos, o Feijoo debe de obligarlos a
dimitir, si no son dignos de ocupar su cargo. Claro que también puede
ser responsable el Presidente, pero eso hoy no quiero ni
imaginarlo, aunque habrá que pensarlo si sale adelante que el personal de la
Fundación da Calidade Industrial, ente público dependiente de la Consellaría de
Economía e Industria, se integrará como persoal da Xunta de Galicia, haciendo
caso omiso a un dictamen del Consello Consultivo que indica: “Esta
regulación non é conforme co establecido no art. 23.2 da Constitución que
garante o acceso en condición de igualdade ás funcións públicas, e que se vería
vulnerado se se permite o acceso á condición de empregado público sen respectar os
esixibles requisitos de publicidade, mérito e capacidade".
¿Tendremos
que pedirle a Feijóo que respete la Constitución?
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