El
Ayuntamiento paga estos pluses a su plantilla desde junio de 2008. Cuando el
municipio logró el estatus de Gran Ciudad, que también ostenta la capital, los
funcionarios laguneros entendieron que debían comenzar a ganar igual que los
santacruceros. Los sindicatos enarbolaron esa batalla y el Gobierno local cedió
a sus reivindicaciones, pero con un matiz. El sueldo base se mantuvo casi igual
pero las nóminas subieron gracias a los complementos variables como el de
productividad.
Por
tanto, el método de evaluación de esta productividad no se basa en el
desarrollo de las tareas de los trabajadores sino que consiste en la aplicación
de un índice monetario, de un importe máximo de 1.200 euros, que el Real
Decreto 8/2010 lo rebajó a 1.140 para evitar el déficit.
Una auditoría interna realizada en 2010 por el área de Intervención hace hincapié en que "la equiparación salarial debe llevarse a cabo a través de los elementos determinantes de las retribuciones periódicas del puesto de trabajo, no de las retribuciones de carácter subjetivo y variables".
Además, puntualiza que "los complementos de productividad están destinados a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa del funcionario". Por tanto, "no puede asignarse con carácter periódico ni generalizado", critica el interventor municipal.
En
paralelo, la Junta
de Gobierno local estableció el pasado día 17 de este mes prorrogar, hasta el
31 de diciembre de 2014, la suspensión de las ayudas sociales para las
funcionarios, efectuada a partir del 30 de julio de 2012. Bajo este concepto se
agrupan todas las ayudas que reciben los funcionarios –y sus familiares– para
gafas, lentillas, arreglos dentales y gastos de ortopedia. La medida supondrá
un ahorro para la arcas municipales de 1,5 millones de euros.
Las
nóminas de los 903 empleados que tiene el Ayuntamiento representan un tercio de
su presupuesto. El próximo año el gasto se incrementa un 1,4% (573.683 euros)
hasta llegar a los 41.625.252 euros. Además, a plantilla que figura en los
presupuestos se reduce de 903 empleados –entre funcionarios, personal laboral,
cargos de confianza y directivos– a 825. Este recorte ha sido posible por la
eliminación de las 16 plazas de policías de movilidad, ya que el proyecto se
anuló, y la amortización de las plazas vacantes por jubilaciones que no serán
cubiertas, tal y como ordenó el Gobierno central en 2011.
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