EL PAÍS. Cuando el PP
se hizo con el poder en la capital de Galicia tras 26 años de dominio
socialista, Aquagest, la empresa adjudicataria del agua, tenía buena parte de
sus esperanzas de negocio fácil puestas en que el Ayuntamiento de Santiago le
prorrogase la concesión. El gobierno local encabezado por Gerardo Conde Roa se
volcó en satisfacer esta demanda, pero los altos funcionarios municipales que
debían dar el visto bueno a la operación pusieron trabas. El sumario de la
Operación Pokémon describe, a través de las conversaciones grabadas a los imputados,
cómo políticos populares y empresarios se aliaron para apartar al secretario y
a la interventora que entorpecían su objetivo y buscar en otros ayuntamientos y
diputaciones funcionarios dispuestos a informar favorablemente la prórroga del
contrato que permitiese a Aquagest seguir gestionando el abastecimiento de agua
en Santiago sin mediar concurso público.
Conde Roa y su jefe
de gabinete, Ángel Espadas, ambos imputados, se volcaron en la operación para
buscar funcionarios dispuestos a firmar la prórroga. Y tal fue su entrega a la
causa que, a tenor de lo que afirman los directivos de Aquagest, el entonces
alcalde de Santiago recurrió al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A
principios de marzo de 2012, Conde Roa estaba desesperado porque necesitaba el
visto bueno del Gobierno gallego para destituir a los funcionarios incómodos.
“Los técnicos municipales le están parando todo, los concejales no tienen
huevos para tirar para delante”, dice José Luis Míguez, de Aquagest, a otro
directivo. Es Míguez el que asegura que Conde Roa llamó a Feijóo “porque hay un
director general de Administraciones Públicas que es el que tiene que firmar el
papelito conforme está justificado el cambio del secretario y la interventora,
y el tío no manda el papel”. Las pruebas recabadas por la juez del caso apuntan
además que por esas fechas Conde Roa fue agasajado por la empresa de aguas con
un viaje a Barcelona con su pareja para disfrutar de la ópera La Bohéme en
el Liceo.
El sumario detalla
una docena de llamadas intervenidas en marzo de 2012 en las que populares y
empresarios explicaban sus maniobras para defenestrar a los funcionarios
incómodos, que son destituidos el 22 de ese mes. Interviene incluso el director
general de Administración Local de la Xunta, Norberto Uzal —que dimitió el
pasado noviembre—, según Espadas le cuenta a la entonces edil y ahora portavoz
del PP de Galicia, Paula Prado. El hombre de confianza de Espadas le dice a su
compañera que está esperando por “el papel del cese de la interventora”. Y
aunque en principio debería elaborar ese documento el director de Política
Financiera de la Xunta, Manuel Galdo, “Norberto [Uzal] le dijo que si no lo
hacía Galdo, lo hacía él”.
El día 20, Espadas
llama a Ramón Quiroga, subdirector general de Gestión y Cooperación Económica
con las Entidades Locales de la Xunta y marido de la concejala de Hacienda de
Santiago, Cecilia Sierra. Le pregunta “si ya quedó preparado el cese del
secretario y la interventora”. El subdirector le responde que sí. El edil
explica que el cese se firmaría al día siguiente y que se haría una junta de
gobierno extraordinaria para echar a la técnica. El subdirector de la Xunta
llega a asegurar al edil compostelano que “el problema con la interventora es
que hay que evitar que haga el plan de ajustes porque nos hunde”. La
conversación deriva entonces en una sucesión de posibles candidatos temporales
para el puesto de intervención.
Ese mismo día,
Quiroga devuelve la llamada a Espadas y le explica que Juan Salguero del Valle
(secretario del Ayuntamiento de Boiro) se pasará por el despacho del alcalde
para redactar el cese y el nombramiento del nuevo secretario. El 22 de marzo,
Quiroga vuelve a telefonear al concejal y ambos acuerdan firmar informes favorables
que remitirán al Ayuntamiento de Boiro y a la Consellería de Presidencia para
nombrar secretario a Salguero inmediatamente. El día 27 de ese mismo mes un
decreto de alcaldía nombró secretario, en comisión de servicios, a Juan
Salguero, a través de un decreto que, según se desprende de los pinchazos
telefónicos, él mismo redactó.
Una vez arreglado el
cambiazo de secretario, la preocupación de Espadas deriva a la intervención. El
exedil llega a preguntar al subdirector autonómico si “sabe algo del nuevo
interventor”. Quiroga responde: “Tengo a una chica de Betanzos y a uno de
Abegondo”. Espadas le replica que “una vez cesada la interventora, será más
fácil que alguno diga que sí”. Espadas y el exedil Albino Vázquez se interesan
en otro pinchazo por una “interventora de la zona de Sada que es pariente del
alcalde de Arteixo”. El día 22, el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis
Míguez, llamó al delegado en Galicia, Henry Laíño, y le explicó que quedó para
comer con el alcalde en su casa porque ya han destituido a los altos
funcionarios incómodos. En días posteriores, Míguez pregunta insistentemente a
sus interlocutores por la interventora de Pontedeume, la de Valdoviño o el de
Oroso, al que califican de “jodido”. Le recomiendan que “trinque” a la de Arzúa.
A finales de mes, llama al alcalde compostelano para interesarse por la
concesión y le explica que “tiene que conseguir que la interventora que dejaron
de forma provisional se lo tome con cariño”.
En la operación
también se implica Paula Prado, hoy portavoz del PP de Galicia. El 7 de marzo
de 2012. Espadas le comenta a su entonces compañera de gobierno los “reparos”
que le están poniendo el secretario y la interventora a la prórroga a Aquagest
porque “no es legal”. Casi un mes después, Prado llama a Espadas y le propone
fichar al interventor de Foz, pero la mano derecha de Conde Roa le responde que
si no es “afín” al PP “no le vale”.
En un auto de abril
de 2012, la juez instructora asegura que el exconcejal del PP Ángel Espadas
“muestra un interés inusitado por renovar el contrato de Aquagest en Santiago”
y concluye que “se están realizando acciones desde el Ayuntamiento para
favorecer a la empresa”. Entre las comunicaciones interceptadas destaca un SMS
enviado por Espadas a un teléfono de Aquagest en el que recuerda una reunión
con los directivos de la empresa y que finaliza con esta frase: “Me encargó
Gerardo agilizarlo”. Otro pinchazo permite a la juez concluir que esa reunión
fue organizada tras solicitarla expresamente miembros del gobierno municipal.
La juez ratifica en un auto que “son casi innumerables las llamadas en las que
se comprueba el interés de Ángel Espadas en encontrar un interventor que les
sea favorable”. Las presiones para buscar funcionarios dispuestos a darle el
visto bueno a la controvertida prórroga de la concesión a Aquagest fueron de
tal calibre que los candidatos al puesto se asustaban. Así lo admite el
directivo de Aquagest José Luis Míguez en una de las llamadas grabadas por
Vigilancia Aduanera en la que habla de uno de los posibles fichajes. “Ángel
[por Espadas] le dijo: ‘Esto hay que firmarlo sin verlo. Lo leéis y lo firmáis’.
Y ellos dijeron: ‘Hostia, si nos ponen ya esto el primer día...’ Les hemos
metido tanta presión que los tíos ahora andan a cien”. Javier Castiñeira, el
funcionario destituido como secretario municipal por sus reparos legales a
prorrogar el contrato a Aquagest, se ha personado en la causa como acusación
particular.
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