LEVANTE. El
juzgado de lo Social número 9 de Valencia ha declarado improcendente el despido
de la responsable del gabinete psicopedagógico municipal de Alfara del
Patriarca, Maite Casaña, y ha obligado a readmitirla o a pagarle 80.361 euros
en concepto de indemnización, además de abonarle los salarios de tramitación
desde su despido en diciembre de 2012.
En una
aclaración posterior de la sentencia, el juzgado señala que la demandante es
representante de los trabajadores en el consistorio, por lo que le corresponde
el «derecho de opción» y podrá elegir si vuelve a la plantilla municipal o
prefiere cobrar la indemnización.
«Entre una cosa y
otra, el ayuntamiento podría abonarle hasta 100.000 euros, pagados por todos
los contribuyentes por culpa de la mala gestión de los responsables de Personal
y Hacienda y del alcalde», ha señalado el PSPV local.
Fue en septiembre de
2012 cuando gobierno local del Partido Popular de Alfara aprobó una
modificación de la plantilla que implicaba la supresión del gabinete
psicopedagógico municipal, al despedir a la trabajadora que gestionaba este
servicio desde hace casi 20 años.
Anteriormente, y poco después de llegar al
gobierno, el PP ya intentó reducirle el sueldo al 30 % para «despedirme más
barato, pero no lo justificaron y perdieron en los tribunales», según explicó
entonces. un sindicato recurrió los presupuestos por supuestas
irregularidades en el capítulo de Personal y tras las sentencias que
consideraron improcedentes varios despidos.
El edil de
Educación y primer teniente alcalde, Manuel M. Valero, justificó entonces la
amortización de la plaza que cubría Maite Casaña Giner, así como la de otros
trabajadores, para cumplir el Plan de Ajuste aprobado por el Ministerio de
Hacienda con el objetivo de pagar a los proveedores. El juzgado asegura en la
sentencia que estos motivos económicos no se dan, por lo que considera el
despido improcedente.
Según también han
recordado ahora los socialistas, el gobierno popular también alegó que el
servicio que ofrecía Maite Casaña estaba «duplicado» ya que también lo ofrecía
la Generalitat a través de los colegios.
Cuando se anunció el despido, que se hizo efectivo en diciembre de 2012, la psicopedagoga denunció que el ejecutivo local ni siquiera había tenido en cuenta las 400 firmas que se recogieron en Alfara contra la eliminación de la plaza de psicopedagoga, a la que también se oponían los dos colegios donde trabajaba y las asociaciones de padres de alumnos. Casaña defendió su trabajo durante casi dos décadas, desde que entró en la corporación con el excalcalde popular Fernando Brossell y que continuó con el socialista Enric Cuñat.
«El concejal es
educador»
La mujer se mostró
entonces preocupada por cómo quedará en el futuro la atención de los niños con
necesidades especiales en los colegios, pues los consistorios empezaron a crear
estos gabinetes ante la falta de recursos de la Generalitat. «Parece mentira
que el concejal, siendo educador, haya tenido esta gran idea», concluyó la
trabajadora. El PSPV se opuso al despido porque la técnico también realizaba
más funciones. Además de esta plaza se amortiza un profesor de la Escuela de
Adultos, una de limpiadora y otra de ayudante.
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