alquiler al incluir la firma del secretario que en el original no aparece.
LEVANTE. Un vecino de la Pobla de
Vallbona ha presentado una denuncia
contra el equipo de gobierno de la localidad por una los posibles delitos
de falsedad en documento público y prevaricación.
contra el equipo de gobierno de la localidad por una los posibles delitos
de falsedad en documento público y prevaricación.
El residente recibió en su domicilio un
requerimiento de pago del ayuntamiento de 92.721,20 euros por el impago del
arrendamiento de dos parcelas de titularidad municipal. Al desconocer los
hechos que originan la deuda, el 29 de mayo de 2013 acude al consistorio y pide
que le entreguen el expediente del procedimiento de recaudación para poder
presentar un recurso que, al menos, paralice el proceso.
Cuando el vecino comienza a revisar la
documentación repara en que en el último folio del contrato de arrendamiento
aparecen las firmas de la alcaldesa Mª Carmen Contelles Llopis y la suya pero
no está la del secretario municipal Antonio Miguel Palop Marín. Tampoco figura
la rúbrica del funcionario en el pliego de cláusulas administrativas
particulares que han de regir el contrato de alquiler, que se firmó el 11 de
marzo de 2008.
El 27 de junio el vecino presenta el recurso
para pedir la nulidad del procedimiento al no estar la firma del secretario
municipal y tres meses más tarde la Junta de Gobierno Local rechaza la
apelación al no apreciar ningún motivo para anular el proceso y, además,
notifica al apelante que en el contrato que tiene el ayuntamiento sí está la
rúbrica del habilitado nacional.
El abogado del afectado sostiene que ha
habido una alteración en el contrato, porque en el que el ayuntamiento facilita
no aparece la firma del secretario municipal, pero, sin embargo, el equipo de
gobierno mantiene lo contrario en la contestación al vecino. La defensa del
residente, además, mantiene que ha existido un posible delito de prevaricación.
El origen de la disputa se remonta a 2008
cuando el vecino y el ayuntamiento firmaron un contrato de arrendamiento de las
parcelas 54 y 76, de propiedad municipal, situadas dentro de unos terrenos que
el residente tiene en la partida els Rincons de la Pobla de Vallbona. Desde
1998 el afectado cultiva una superficie de esas parcelas después de
transformarlas en regadío y para regularizar la situación las dos partes
firmaron un documento que fija, entre otras cosas, un canon de 6.484 euros
anuales.
Después de seis años, el ayuntamiento ha
presentado una demanda en el Juzgado de Llíria para recuperar las parcelas al
comprobar que el arrendatario, según el consistorio, no ha pagado en todo este
tiempo y por eso le reclama una deuda de 92.721,20 euros.
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