Pero la evaluación
podrá tener también consecuencias contrarias a los intereses de los empleados
analizados. "En casos de evaluaciones negativas reiteradas podría llegar a
comportar, en casos extremos, la desvinculación o la remoción en el puesto de
empleo que se ocupa", señaló Bertran en la comisión parlamentaria.
Posteriormente, la vicepresidenta Joana Ortega matizó que no se
tratará de despidos, prohibidos por el Estatuto Básico del Empleado Público,
sino de rebajas en el escalafón laboral.
La propuesta de la
evaluación que ahora propone el Gobierno catalán, y que tendrá que ser
legislada en el Parlamento, surge de los diferentes informes que ha solicitado
el departamento para encauzar una reforma que analiza desde hace al menos dos
años.
Según las pretensiones con las que parte Gobernación, está previsto
introducir cambios en el sistema de reclutamiento del personal, en los que se
tendrán que acreditar conocimientos de idiomas para poder aspirar a
determinados cargos, a los que se accederá después de hacer pruebas
específicas. Ortega incidió en la necesidad de impulsar la meritocracia y
aseguró que el nuevo modelo deberá contribuir a aprovechar mejor el 40% de los
empleados de la Generalitat que cuentan con una formación superior a los
empleos que cubren.
La otra gran novedad
de la reforma que impulsa Ortega es la creación de una nueva categoría laboral,
que en el escalafón se situará entre los cargos políticos y los técnicos y a la
que el Gobierno se refiere como dirección pública profesional. La vicepresidenta
se refirió a esta como "un cuerpo intermedio" con el que "se
trata de profesionalizar la Administración". "Tendrán que tener tanto
profesionalidad técnica como confianza en el ámbito político y, a la vez,
capacidad de dirección, de liderazgo y de motivación de sus equipos",
señaló Bertran, quien explicó que su retribución estará regida por objetivos
determinados previamente. La creación de este rango profesional en la
Administración es una de las primeras medidas que prevé impulsar el Gobierno:
la memoria preliminar de la ley que la regirá se aprobará de forma inmediata.
La
otra gran novedad de es la creación de una nueva categoría laboral, que en el
escalafón se situará entre los cargos políticos y los técnicos
Ortega también
subrayó el interés del Ejecutivo de extender la colaboración público-privada, a
través del partenariado institucional. La vicepresidenta no concretó cómo se
impulsará y tan solo afirmó que debe servir para "proveer servicios y las
infraestructuras necesarias",
Ortega encargó tres informes
a expertos para lanzar la reforma de la Administración. El más polémico de
todos fue el del grupo que encabezó el catedrático Guillem López Casasnovas que abogaba
por una Administración pública con mayoría de personal laboral en la que solo
sean funcionarios los profesionales con responsabilidades como la seguridad o
la contratación pública.
El informe, que
avanzó este diario en mayo del año pasado, provocó el rechazo de la oposición y
los sindicatos de la función pública, que añadían otro motivo de enfado a los
recortes que sufren desde 2012. Ayer, la vicepresidenta reiteró que "el
hecho de reformar la actual estructura no implica ningún despido y nadie perderá
su condición de funcionario".
El informe, que
avanzó este diario en mayo del año pasado, provocó el rechazo de la oposición y
los sindicatos de la función pública, que añadían otro motivo de enfado a los
recortes que sufren desde 2012. Los 160.000 empleados de la Generalitat
(230.000 si se cuenta todo el sector público) afrontaron en 2012 por primera
vez un recorte sin precedentes, con medidas como la eliminación de una paga
extra o la reducción de un 15% de jornada y sueldo de los interinos (unas 6.700
personas). Ambas medidas, todavía vigentes, fueron coyunturales, pero la
administración catalana aplicó también recortes estructurales (como la
reducción de días de asuntos personales o la eliminación de tíckets comedor) se
logró un ahorro de 625 millones de euros.
En julio del año
pasado, en su última comparecencia en el Parlament,, la máxima responsable de
la administración catalana, la vicepresidenta, Joana Ortega, defendió los
recortes aplicados sobre la administración pública catalana en los dos últimos
años con el argumento de que se han hecho para evitar males mayores. Ortega
aseguró que recortes como no pagar la extra o reducir la jornada
y el sueldo un 15% a 6.800 interinos han evitado el despido de 24.000
empleados públicos. El cálculo sale de dividir los 730 millones de euros de
recorte anual entre 30.000 euros de sueldo medio en la Administración.
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