La juez indaga si los precios se hincharon y si los recibos corresponden a trabajos no realizados
LEVANTE. El Ayuntamiento de Anna ha comunicado a
la Fiscalía que no localiza dos de las facturas requeridas e investigadas en el
proceso iniciado contra el alcalde del municipio, Miguel Ramírez, por un
posible delito de estafa y falsedad documental.
Se trata de los dos polémicos recibos que Ramírez, como gerente de una empresa de electricidad, reclamó al equipo de gobierno cuando era portavoz del PP por unos trabajos efectuados en la legislatura anterior y que, a pesar de contar con la firma de conformidad del exalcalde Fernando Sarrión (PP) estaban fechados el 31 de diciembre de 2007, seis meses después de que Sarrión hubiera abandonado la alcaldía y sólo 19 días antes de su fallecimiento por enfermedad. Ramírez, que actualmente empuña la vara de mando, llevó al ayuntamiento a los tribunales exigiendo una deuda de casi 700.000 euros poco después de que el PP fuera desalojado del poder para dar paso en el gobierno local a PSPV e Idean, en 2007. El Tribunal Superior acabó rebajando la deuda que le correspondía cobrar a Ramírez a 137.000 euros e Idean denunció posteriormente al ya alcalde en 2012 por incluir facturas duplicadas, hinchadas o pertenecientes a trabajos no ejecutados en la relación de pagos exigidos.
Se trata de los dos polémicos recibos que Ramírez, como gerente de una empresa de electricidad, reclamó al equipo de gobierno cuando era portavoz del PP por unos trabajos efectuados en la legislatura anterior y que, a pesar de contar con la firma de conformidad del exalcalde Fernando Sarrión (PP) estaban fechados el 31 de diciembre de 2007, seis meses después de que Sarrión hubiera abandonado la alcaldía y sólo 19 días antes de su fallecimiento por enfermedad. Ramírez, que actualmente empuña la vara de mando, llevó al ayuntamiento a los tribunales exigiendo una deuda de casi 700.000 euros poco después de que el PP fuera desalojado del poder para dar paso en el gobierno local a PSPV e Idean, en 2007. El Tribunal Superior acabó rebajando la deuda que le correspondía cobrar a Ramírez a 137.000 euros e Idean denunció posteriormente al ya alcalde en 2012 por incluir facturas duplicadas, hinchadas o pertenecientes a trabajos no ejecutados en la relación de pagos exigidos.
La fiscal observó un posible delito en la actitud del alcalde y pidió su
imputación. Hoy, la magistrada del juzgado número 3 de Xàtiva tomará
declaración a Ramírez para determinar si procede o no abrir una causa penal e
investiga la veracidad de los recibos.
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