Peligran las plazas de los trabajadores municipales que realizan actividades que la nueva ley califica de impropias para un ayuntamiento
LEVANTE. «El gobierno municipal debe aclarar si aplicará a rajatabla la reforma de régimen local, porque, en caso de ser así, en menos de un año tendremos un ayuntamiento muy diferente al actual». Así se manifestaba la concejala de Compromís per Sagunt, Teresa García, en referencia a una norma estatal que entró en vigor el 1 de enero y supone una amenaza inmediata para los cerca de 140 trabajadores municipales que están contratados en régimen laboral y para el conservatorio profesional de música Joaquín Rodrigo, según alertó la nacionalista.
Además de invitar al alcalde, Alfredo Castelló, a que se pronuncie sobre esta cuestión y de animarle a combatirla con la desobediencia civil, García detalló que la ley «exige que toda la plantilla de los ayuntamientos esté compuesta por funcionarios y hace una clasificación de competencias entre propias e impropias». En este último capítulo, la educación es el ámbito que más riesgos presenta en esta primera fase de la aplicación de la ley, ya que el conservatorio o los servicios psicopedagógicos escolares quedan fuera del ámbito competencial de Sagunt, así que su continuidad «depende de que la Generalitat las delegue y las dote presupuestariamente. En caso contrario, se tendrán que cerrar», advierte la edil de Compromís.
En otra categoría se engloban las competencias propias, cuya gestión municipal se supedita al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y al coste de los servicios. En este grupo están la seguridad ciudadana, las instalaciones deportivas o incluso la recogida de basura, ámbitos en los que está pendiente que el Gobierno apruebe un decreto con el gasto máximo que se puede dedicar a cada uno, de tal manera que los ayuntamientos que lo superen deberán reducir los costes o privatizar su gestión.
Teresa Garcia puso a Paterna como ejemplo de las consecuencias de aplicar esta ley. «El alcalde, que es del PP, ya ha suspendido el servicio de ambulancias y ha anunciado que cierra la escoleta municipal de 0 a 3 años a partir de septiembre». Los nacionalistas reclaman a Castelló que aclare cómo aplicará esta ley, que «supone una reforma estructural que puede desmantelar los ayuntamientos y vulnera un derecho constitucional como es la autonomía local».
Pero pese a todos estos cambios, lo que Garcia considera «más escandaloso» tiene que ver con los servicios sociales, donde «a partir de 2016, el Ayuntamiento de Sagunt solo podrá ofrecer las ayudas de emergencia, ya que los programas de Juventud, Mujer y Mayores, así como la ayuda domiciliaria, pasan a ser competencias impropias».
Otro motivo de preocupación por la entrada en vigor de la reforma local es el ámbito de la formación y la ocupación.
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