Los grupos de la oposición de Llíria piden convocar un pleno extraordinario.

El motivo es la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar una multa de 6.000 euros por el uso de una infografías por parte del PP de Llíria

EL PERIÓDICO DE AQUÍ. Todos los concejales de la oposición del Ayuntamiento de Llíria, es decir PSPV. Compromís, EU y MOVE han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para pedir las responsabilidades pertinentes por una sentencia del pasado mes de julio que obliga al consistorio a pagar una factura, que según los miembros de la oposición debería haber pagado el Partido Popular de Llíria por el uso de una infografía en 3D del Edificio Multiusos que se encargó y se utilizó, posteriormente en su programa electoral del año 2007.

Todos los partidos de la oposición remarcan que, este encargo lo realizó un equipo de diseñadores profesionales y que, según la oposición, nunca cobraron por ello lo que propició la denuncia en el juzgado, juzgado que ha condenado al Ayuntamiento edetano a pagar una multa de más de 6.000 euros.

El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, asegura que “no se hizo ningún encargo, ni conocía al equipo profesional, ni tiene por qué pagar esa factura”. Por este motivo, los partidos de la oposición han acordado, mediante una Comisión Reservada, convocar un pleno extraordinario para pedir explicaciones al respecto así como la desestimación de un escrito presentado por los líderes populares contra los funcionarios habilitados, en el que, al parecer, se les exigen responsabilidades disciplinarias por pedir que el PP restituyese la cuantía que el juzgado ha sentenciado contra el consistorio.

Tanto el PSPV, como Compromís, MOVE y EU, han reclamado una reglamentación municipal que defina cómo se debe facilitar la documentación y la información, tanto a ciudadanos como a partidos políticos, tengan o no representación, en estos últimos años en el Ayuntamiento.

Miembros de la oposición aseguran que “es inadmisible que el Partido Popular, por una parte, utilice y haga un uso partidista de unas infografías que, al final han pagado las arcas municipales y que además, pretenda imponer sanciones contra los funcionarios que, en cumplimiento de su deber, han denunciado esta irregularidad.